El expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quedó en el centro de un escándalo internacional tras la publicación de una investigación del portal argentino PeriodismoyPunto, dirigida por el periodista Luis Gasulla. El informe, publicado el 20 de julio de 2025, revela que Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira, serían titulares de dos sociedades registradas en las islas Seychelles con fondos que ascienden a 21 millones de dólares, una cifra siete veces superior a la que el exmandatario declaró al abandonar el cargo
Los registros bancarios filtrados dan cuenta de dos cuentas offshore a nombre de las firmas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts International Finance Limited, abiertas en noviembre de 2022 y septiembre de 2023, respectivamente. La primera cuenta, en el banco MCB International, habría sido creada mientras Abdo todavía ejercía como presidente, con un saldo de más de USD 12,3 millones. La segunda, registrada un mes después de finalizar su mandato, acumularía más de USD 8,7 millones.
Ambas cuentas habrían recibido múltiples transferencias de empresas radicadas en jurisdicciones consideradas de baja transparencia, como Dubái y Hong Kong. Según el informe, los movimientos financieros responden a un patrón clásico de lavado de dinero: constitución exprés de empresas pantalla, apertura de cuentas fiduciarias sin beneficiarios identificables, fraccionamiento de fondos (“layering”) y posterior repatriación como préstamos o inversiones.
El informe también detalla que entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, Star Capital recibió transferencias desde compañías como Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd. y Sports Marketing Plus Ltd., por montos que oscilan entre USD 850.000 y USD 1,7 millones. En tanto, la firma Exchange Contracts recibió fondos similares de otras entidades.
La situación se agrava al considerar que estos movimientos financieros no fueron incluidos en la declaración jurada de Abdo Benítez, presentada oficialmente el 23 de agosto de 2023. En ese documento, el exjefe de Estado declaró un patrimonio cercano a los USD 3 millones, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) detectó que sus empresas vinculadas al rubro del asfalto, Aldia S.A. y Createc S.A., generaron utilidades por cerca de USD 45 millones durante su mandato. El 90 % de esas ganancias fueron reclasificadas como “reservas”, lo que evitó su tributación.
La investigación también cuestiona el rol de la diplomacia internacional, al señalar que un cable del entonces embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, omitió las utilidades de las asfaltadoras. La publicación se pregunta si este silencio fue un descuido o parte de un acuerdo político-empresarial.
Desde el entorno del exmandatario aún no hubo declaraciones públicas, pero el caso ya genera fuerte repercusión en el ámbito político y judicial. Las futuras investigaciones se enfocarán tanto en la ruta internacional del dinero como en la ingeniería contable utilizada para mover sumas millonarias sin dejar rastros fiscales.
Además del impacto judicial que podría tener para el exmandatario —enfrentando eventuales cargos por lavado de activos, evasión y enriquecimiento ilícito—, la investigación plantea un dilema institucional. “Una justicia que actúe con rigor podría convertir este caso en un parteaguas institucional. Una que tropiece, confirmaría la impresión de que, en Paraguay, el dinero viaja más rápido que la ley”, concluye el periodista Luis Gasulla.
Recordemos que Mario Abdo Benítez llegó a la Presidencia paraguaya el 15 de agosto de 2018 y entregó la banda exactamente cinco años después, el 15 de agosto de 2023. De confirmarse los hechos, Abdo Benítez podría convertirse en el primer expresidente paraguayo condenado por delitos económicos contemporáneos, con penas que incluyen hasta 10 años de prisión y el decomiso total de los bienes obtenidos de manera ilícita.
Fuente: Periodismoypunto.com
