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Destinan $400 millones para la formación laboral en empresas y cooperativas de trabajo

El programa Crédito Fiscal 2025 tiene como fin mejorar las competencias laborales de trabajadores ocupados y desocupados, así como incrementar la productividad y competitividad.

17 julio, 2025
Imagen ilustrativa

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El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, oficializó las bases del Programa Crédito Fiscal 2025, una iniciativa que busca mejorar las competencias laborales de trabajadores ocupados y desocupados, así como incrementar la productividad y competitividad de empresas y cooperativas de trabajo en todo el país.

El programa, detallado en un extenso anexo normativo de la Resolución 437/2025, fue publicado en el marco de la política de reconstrucción nacional y establece un cupo total de 400 millones de pesos.

De acuerdo con lo dispuesto, el plan se implementará mediante la emisión de certificados de Bono Fiscal a favor de empresas y cooperativas que presenten propuestas de formación profesional. Estos bonos podrán utilizarse para cancelar obligaciones impositivas nacionales, conforme a la normativa vigente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La distribución de los fondos se realizará de manera regional, con montos asignados a cada provincia y región, priorizando la cantidad de empresas activas con cuatro o más empleados, según los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.

El documento destaca que el objetivo del programa es “fortalecer las competencias laborales de trabajadores ocupados y las condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados para mejorar sus posibilidades de inserción laboral e incrementar la productividad y la competitividad de las empresas y de las cooperativas de trabajo”.

En cuanto a la distribución de los fondos, se establece que “el cupo total de crédito fiscal a ser ejecutado en el marco del presente Programa asciende a $400.000.000”, y que la asignación regional se basa en la cantidad de empresas activas con cuatro o más empleados en cada región.

 

¿Quiénes pueden participar y cómo funciona el programa?

El Programa Crédito Fiscal 2025 está dirigido a micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), grandes empresas y cooperativas de trabajo, que podrán presentar propuestas de capacitación laboral. Estas entidades, denominadas Organismos Responsables, pueden asociarse con Organismos Adherentes, como otras empresas de la cadena de valor, instituciones de formación profesional, entes administradores de agrupamientos industriales y asociaciones sectoriales.

El programa excluye a empresas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y a aquellas cuya actividad principal sea la intermediación financiera y servicios de seguros, salvo excepciones específicas. Todos los participantes deben estar inscriptos en el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE).

El monto máximo financiable por propuesta varía según el tipo de entidad. Las MiPyMEs y cooperativas pueden financiar hasta el 30% de la masa salarial o retornos de los últimos 12 meses, con un tope de 6 millones de pesos, mientras que las grandes empresas pueden financiar hasta el 0,8% de su masa salarial, también con un tope de 6 millones. El monto puede ampliarse hasta 10 millones si la propuesta incluye formación para desocupados o para empresas de la cadena de valor.

 

Modalidades y requisitos de las propuestas

Las acciones de formación profesional pueden desarrollarse en modalidad presencial, virtual sincrónica, semipresencial o virtual autoasistida.

Los cursos deben tener entre 8 y 120 horas reloj y pueden ser de formación cerrada (diseñados ad hoc para la empresa) o abierta (oferta regular de instituciones acreditadas). No se admiten propuestas vinculadas a carreras terciarias, de grado, diplomaturas ni posgrados.

El programa establece cupos mínimos y máximos de participantes por curso, diferenciando entre trabajadores ocupados y desocupados, y según la modalidad de dictado.

Para los cursos destinados exclusivamente a desocupados, la cantidad máxima de beneficiarios no puede superar el doble de la dotación de trabajadores de la empresa o cooperativa responsable.

Las propuestas pueden incluir la compra de equipamiento para instituciones de formación profesional, con un tope del 50% del monto total de la acción formativa. El equipamiento debe ser nuevo y permanecer destinado a la formación durante al menos cinco años.

 

Criterios de evaluación y priorización

La Dirección Nacional de Formación Laboral será la encargada de evaluar las propuestas, estableciendo un puntaje mínimo para su aprobación.

Los criterios de evaluación incluyen la fundamentación de la propuesta, la pertinencia de los cursos, la calidad de los diseños curriculares y la vinculación con el entorno socioproductivo.

Se dará ponderación favorable a propuestas que incluyan formación para desocupados, reconversión laboral en sectores estratégicos (como autopartista, metalúrgico, construcción y economía del conocimiento), y acciones orientadas al desarrollo sostenible.

En caso de empate en el puntaje y agotamiento del cupo presupuestario, se priorizarán las cooperativas de trabajo, las micro y pequeñas empresas, y aquellas propuestas que incluyan mayor cantidad de desocupados o trabajadores de la cadena de valor.

 

Procedimiento de presentación, ejecución y control

Las propuestas deben presentarse a través de la Plataforma Crédito Fiscal y formalizarse en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), acompañadas de la documentación requerida. Una vez aprobadas, las empresas y cooperativas podrán iniciar la ejecución de las acciones formativas, que tendrán una duración máxima de seis meses.

Durante la ejecución, los organismos responsables deben garantizar la gratuidad de las actividades para los participantes y priorizar a trabajadores registrados en el Portal Empleo y la Red de Servicios de Empleo.

La Dirección Nacional de Formación Laboral y la Dirección de Seguimiento de la Gestión de Proyectos de Empleo y Formación Laboral supervisarán el cumplimiento de las acciones y podrán solicitar información adicional en cualquier momento.

Al finalizar las actividades, los organismos responsables deben rendir cuentas de los gastos realizados para acceder al Bono Fiscal. La normativa detalla los requisitos de los comprobantes y el procedimiento de validación fiscal.

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Fuente: Infobae.

Tags: cooperativas de trabajoEmpresasformación laboralPrograma Crédito Fiscal 2025Trabajadores ocupados y desocupados
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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