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Crisis alimentaria en la infancia argentina: un tercio de los niños sufren privaciones graves

Los datos entre 2010 y 2024 revelan una creciente inseguridad alimentaria en la infancia argentina.

12 julio, 2025

La inseguridad alimentaria que afecta a los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en el país es un problema estructural observado en la coyuntura actual, aunque ha mostrado una leve recuperación en algunos indicadores, sigue siendo un grave problema estructural.

Los datos que recolectaron desde la Universidad Católica Argentinas (UCA) entre 2010 y 2024 revelan una creciente inseguridad alimentaria en la infancia argentina. Mientras que entre 2010 y 2017 el porcentaje de niños afectados se mantenía alrededor del 20%, a partir de 2017 la cifra comenzó a subir, alcanzando un 37% en 2020.

A pesar de una leve recuperación en los años siguientes, la cifra en 2024 sigue siendo alarmante, alcanzando un 35,5%. Es decir, un tercio de los niños y adolescentes en el país sufren privaciones alimentarias.

Dentro de este panorama, aproximadamente la mitad de los afectados experimentan situaciones graves, como el hambre por no tener qué comer. Entre 2010 y 2017, las situaciones de privación grave estaban por debajo del 10%, pero en 2024 ese porcentaje alcanzó el 16,5%, lo que implica que un número creciente de niños vive en condiciones de extrema vulnerabilidad alimentaria.

 

Factores determinantes de la inseguridad alimentaria

El informe revela que los grupos más afectados por la inseguridad alimentaria son los niños que provienen de hogares monoparentales, numerosos (con 5 o más integrantes), pobres en términos económicos, y aquellos cuyos adultos de referencia tienen trabajos precarios o están desempleados.

En 2024, el 43% de los niños en hogares monoparentales y el 45% en hogares numerosos vivieron situaciones de inseguridad alimentaria. Además, el 49% de los niños en hogares pobres y los 51% en hogares con adultos en empleo precario enfrentan carencias alimentarias severas.

En cuanto a la distribución geográfica, el informe señala que desde 2017 el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha sido más afectada por la inseguridad alimentaria que el interior del país, aunque en 2024 esa brecha se ha estrechado debido a un empeoramiento de la situación en las provincias. Además, se detectó que el 44% de los niños con déficit educativo también experimentaron inseguridad alimentaria en 2024.

Por otro lado, el análisis longitudinal de la serie muestra que a lo largo de los años, pertenecer a un hogar numeroso y la precariedad laboral de los adultos se han convertido en factores determinantes para el aumento de la inseguridad alimentaria.

Los hogares con menores ingresos se han visto más vulnerables a este problema, y aunque la Asignación Universal por Hijo (AUH) no fue efectiva entre 2020 y 2021, en los últimos años parece haber tenido un impacto positivo, protegiendo a los niños más vulnerables.

 

El rol de la AUH y la precariedad laboral

El análisis también destaca que, en el período 2022-2024, la AUH jugó un papel protector frente a la inseguridad alimentaria, especialmente en un contexto de inflación contenida y valorización de la transferencia.

Durante este período, el 44% de los niños no experimentaron inseguridad alimentaria, un 15% mejoró su situación, mientras que un 9% empeoró y un 15% vivió con inseguridad alimentaria de manera crónica. La precariedad laboral, en cambio, aumentó la probabilidad de sufrir privaciones alimentarias, con un impacto negativo especialmente notable en los hogares con jefes de hogar en situación de empleo informal.

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Tags: Crisis AlimentariaUNICEF
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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