La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. En una resolución unánime, los jueces rechazaron los pedidos de la defensa de la expresidenta para flexibilizar las restricciones impuestas y ratificaron el uso obligatorio de tobillera electrónica, así como la exigencia de autorización previa para las visitas fuera de su círculo íntimo.
Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, desde hace un mes. El tribunal consideró válidas las medidas de control adoptadas por el juez de ejecución y descartó un posible cambio de domicilio, pese a los cuestionamientos del Gobierno de la Ciudad por conflictos en la zona.
El juez Gustavo Hornos, quien votó en primer término, sostuvo que la presencia de custodia policial no reemplaza el seguimiento judicial que permite el monitoreo electrónico, y que renunciar a esa herramienta “implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”. En la misma línea votaron los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, aunque el primero emitió un voto disidente respecto de las visitas.
Borinsky consideró que la obligación de solicitar autorización previa para recibir personas ajenas a la nómina original carece de respaldo legal y vulnera los derechos constitucionales de la condenada. Señaló además que, tras una sentencia firme, solo puede restringirse aquello que expresamente esté previsto en la ley, sin afectar otras libertades como la intimidad o los derechos políticos.
La defensa también había pedido retirar la tobillera electrónica, pero la mayoría del tribunal resolvió mantenerla. Borinsky, en disidencia, propuso su remoción, argumentando que la expresidenta “siempre estuvo a derecho”, tiene custodia policial permanente y no representa riesgo de fuga. También advirtió sobre la limitada disponibilidad de dispositivos y el bajo porcentaje de mujeres condenadas que acceden a esa modalidad.
