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Liberan la importación de autos 0 Km y usados para particulares

El esquema permite inscripción directa con certificación internacional y fija límites personales con tarifas en Unidades Retributivas

2 julio, 2025

El Gobierno nacional publicó la Resolución 271/2025 en el Boletín Oficial este 2 de julio de 2025. La norma establece el procedimiento para que cualquier ciudadano argentino importe autos nuevos o usados por cuenta propia, sin depender de concesionarias ni importadores oficiales. 

El texto regula la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), el permiso exigido para acreditar el cumplimiento de las normas de seguridad activa y pasiva de cada vehículo.

La Ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial y su decreto reglamentario N° 779/95 fijan la base legal. En el Artículo 28 del decreto, se determinó la obligación para fabricantes e importadores de acreditar el cumplimiento de requisitos de seguridad mediante la LCM, bajo control de la autoridad competente. La nueva resolución indica que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía sigue siendo la autoridad competente para otorgar las LCM.

Uno de los cambios clave es el reconocimiento de certificaciones internacionales. Vehículos con homologación de un Organismo Certificador reconocido por Naciones Unidas (TRANS/WP29/343) podrán presentar dicho certificado sin reportes de ensayo locales. Los ensayos deberán estar disponibles ante requerimientos de la autoridad de aplicación.

Se prevé la posibilidad de gestionar la Constancia de Validación de Homologación Extranjera (CVHE) para categorías L1, L3, M1, M2 (fabricados en una fase), N1, N2 y N3. El trámite debe cumplir con la Resolución 15/2019 y sus modificaciones.

Respecto de cesiones, se autoriza la transmisión de LCM y CVHE bajo las condiciones del Código Civil y Comercial, pero se prohíbe la cesión en garantía.

La resolución incorpora un esquema específico para particulares que deseen importar un único auto por año calendario. Cuando el vehículo coincida en marca, modelo y características con una LCM o CVHE ya comunicada al Registro del Automotor, no se requerirá un nuevo instrumento. Sin embargo, la norma establece que la unidad no podrá enajenarse durante dos años desde su nacionalización.

Para la obtención de la LCM y la CT, los ensayos deberán realizarse en laboratorios acreditados o reconocidos por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), la Red INTI tipo IV y V, organismos incluidos en el documento TRANS/WP.29/343 de Naciones Unidas, o laboratorios acreditados por ILAC. También se aceptan laboratorios con ISO 17025 o plantas automotrices de Estados Unidos avaladas por NHTSA mediante el documento Blue Ribbon Letter.

La Subsecretaría de Gestión Productiva queda facultada para celebrar convenios internacionales con el fin de reconocer certificaciones emitidas en otros países y reportes de ensayo de laboratorios acreditados por autoridades extranjeras competentes. También podrá reconocer normas alternativas o versiones actualizadas del Anexo B del decreto.

El texto establece que la Subsecretaría comunicará al Registro del Automotor las LCM y CVHE otorgadas, además de informar suspensiones o revocaciones. Asimismo, podrá declarar fin de serie o discontinuidad de comercialización para vehículos que no cumplan requisitos técnicos o cuya producción se interrumpa.

En materia aduanera, la Dirección General de Aduanas no podrá autorizar el despacho de vehículos de las categorías O3 u O4 sin la correspondiente LCM. Además, la norma reafirma que la circulación de vehículos queda sujeta a la Ley 24.449 y su decreto reglamentario, con fiscalización a cargo de las autoridades locales.

La Subsecretaría también podrá realizar auditorías y elaborar planes de fiscalización para verificar la veracidad de la información suministrada en la solicitud de LCM, CT o CVHE. Podrá conveniar con entes técnicos como el INTI y tomar muestras de vehículos o componentes para someterlos a ensayos.

Sobre los costos, la norma fija aranceles en Unidades Retributivas (UR) que varían según el trámite: 6.000 UR para la obtención de una LCM nueva o Constancia Técnica en categorías L y O, 12.000 UR para categorías M, N y Bitren, 400 UR para la CVHE o LCM obtenida con la presentación del Blue Ribbon Letter, 400 UR por cada punto del apartado 2.3 del Anexo P en actualizaciones técnicas para categorías L y O, y 800 UR por cada punto en actualizaciones técnicas para categorías M, N y Bitren. Los pagos deberán realizarse mediante la plataforma e-recauda, con presentación del comprobante al iniciar la solicitud.

Las solicitudes iniciadas antes de la entrada en vigencia se reconducirán de oficio según el nuevo régimen, con la posibilidad de requerir información adicional.

La resolución deroga más de 40 normas y disposiciones anteriores, entre ellas las Resoluciones 838/99, 247/05 y 276/06, para consolidar un único régimen actualizado y simplificado. Mantienen vigencia sólo algunas específicas como la Resolución 15/2019 y sus modificaciones.

Según lo comunicado, la norma comenzará a regir mañana, 3 de julio de 2025, un día después de su publicación en el Boletín Oficial.

 

Puntos clave:

● Licencia de Configuración de Modelo (LCM): sigue siendo obligatoria para garantizar la seguridad de los vehículos. La autoridad competente para otorgarla es la Secretaría de Industria y Comercio.

● Certificaciones internacionales: ahora se aceptan homologaciones extranjeras reconocidas por la ONU, lo que reduce la necesidad de ensayos locales.

● Importación individual: se autoriza a particulares a importar un auto por año calendario, pero no podrá venderse por dos años desde su nacionalización.

● Requisitos técnicos: los ensayos deben realizarse en laboratorios acreditados por organismos nacionales o internacionales (INTI, OAA, ILAC, NHTSA, etc.).

● Costos del trámite: se establecen aranceles en Unidades Retributivas (UR). Ejemplo: 12.000 UR para LCM en autos categoría M o N.

● Transparencia y control: habrá auditorías, fiscalización y comunicación directa con el Registro del Automotor.

● Cesión de licencias: se permite transferir LCM y CVHE, pero no usarlas como garantía.

 

Fuente: medios digitales.

Tags: Importaciones de usados y 0kmLicencia de Configuración de Modelo (LCM)Personas DesaparecidasVehículos particulares
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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