El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, que suspenda la ejecución del fallo que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. En un escrito presentado este martes, la administración nacional alertó que la cesión de ese paquete accionario representaría un “daño irreparable” para el país y pidió que se frene la medida hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso contra la sentencia de fondo.
La demanda, originada por la forma en que se estatizó YPF en 2012, implica un reclamo superior a los 16.000 millones de dólares. La Casa Rosada sostiene que la sentencia es inválida por exceder la jurisdicción del tribunal estadounidense y que no puede ejecutarse una decisión que aún no fue revisada por una instancia superior.
“Si los demandantes tomaran control de las acciones y decidieran venderlas, el daño sería irreversible incluso si la Argentina gana la apelación”, advierten los abogados del Estado. En ese sentido, solicitaron también una suspensión provisoria mientras se analiza si corresponde dictar una medida cautelar más amplia.
El Gobierno subrayó que YPF es “la principal empresa energética del país”, que emplea a más de 23.000 personas y cuyo control estatal está garantizado por la ley 26.741. “No se trata de un juicio comercial entre empresas, sino de un caso que involucra a un Estado soberano y su legislación interna”, argumentaron.
Pese a la magnitud de la causa, el Ejecutivo no ofreció garantías financieras para frenar la ejecución. Desde la Casa Rosada aseguran que no permitirán la pérdida del control estatal de la petrolera y que no iniciarán ningún pago. Además, recuerdan que cualquier movimiento accionario requiere una ley del Congreso.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el fallo no está firme y apunta a cuestionar el cálculo económico sobre el que se basa la indemnización. Según fuentes oficiales, la fecha usada para valorar las acciones, el tipo de cambio y el precio de mercado podrían modificar sustancialmente el monto reclamado.
Si la jueza Preska rechaza la solicitud, Argentina recurriría de inmediato al Segundo Circuito para intentar frenar la ejecución por vía de urgencia. La audiencia pública ante ese tribunal podría celebrarse en septiembre, y por ahora el Gobierno descarta cualquier acuerdo extrajudicial: “Las negociaciones están congeladas. Esto se va a definir en la Cámara”, afirman.
En paralelo, Nación advierte que una ejecución anticipada forzaría los límites del derecho internacional y vulneraría la legislación argentina, ya que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y su cesión no puede concretarse sin el aval del Congreso.
