Las tensiones entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la distribución de recursos volvieron a quedar expuestas este martes en una nueva reunión realizada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí, funcionarios provinciales recibieron una contrapropuesta por parte del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que fue considerada insuficiente y alejada de los reclamos planteados por las jurisdicciones.
El eje del conflicto es el reparto de fondos que actualmente administra la Nación, en especial los vinculados al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La semana pasada, tras una cumbre con fuerte tono político, los gobernadores anunciaron que impulsarán en el Congreso un proyecto de ley para modificar la asignación de esos recursos y garantizar su distribución automática entre todas las provincias.
Este martes, Guberman acudió con una propuesta: transferir la responsabilidad y el financiamiento de las obras viales a las provincias, coparticipar un pequeño tramo del ICL y discutir un monto máximo para los ATN de acuerdo a los coeficientes de coparticipación. A cambio, el Gobierno nacional espera mantener el equilibrio fiscal alcanzado.
“Estamos convencidos de que la única forma de estabilizar la macroeconomía es el equilibrio fiscal. Esta estabilidad beneficia a las provincias con una inflación que bajó del 25% al 1,5%”, argumentó Guberman. Y advirtió: “Con el proyecto de ley de los gobernadores, pasaríamos de estar balanceados a entrar en déficit”.
Sin embargo, en el interior no vieron con buenos ojos la propuesta. “Nación sólo ofrece coparticipar la parte del impuesto a los combustibles que va a obras viales. Eso representa apenas unos 300 millones de pesos. Es muy poco”, expresaron fuentes cercanas a los gobiernos provinciales. “Los gobernadores están muy enojados y van a avanzar con el proyecto en el Congreso”.
El texto que impulsan los mandatarios busca eliminar todos los fondos fiduciarios vinculados al ICL y que esos recursos sean distribuidos directamente a las 24 jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Cada provincia podrá destinar esos fondos según sus prioridades”, explicaron desde el entorno de los firmantes.
Los fondos en disputa incluyen, entre otros, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (que recibe el 4,31% del ICL), el de Infraestructura del Transporte (25,58%, de los cuales la mitad va a Vialidad Nacional), y un 2,55% que financia la compensación al transporte público. Durante 2024, el Ministerio de Economía solo giró un tercio de lo presupuestado para Vialidad, lo que encendió las alarmas en las provincias.
En el Gobierno argumentan que las partidas no se ejecutan por falta de margen presupuestario y porque el superávit es una prioridad. Pero los gobernadores advierten que ese equilibrio se está logrando a costa de desfinanciar a las provincias, lo que afecta obras, transporte, servicios públicos y empleo.
Tras el nuevo desencuentro, los mandatarios analizan presentar el proyecto antes del receso invernal del Congreso. En un escenario legislativo donde los gobernadores cuentan con fuerza propia en ambas cámaras, el avance de la ley podría tensar aún más la relación con la Casa Rosada y abrir una disputa institucional por el control de los fondos.
