Misiones podría recibir más del doble de fondos nacionales si prospera la propuesta de reforma al régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores ante el Gobierno nacional.
Según cálculos de la consultora Politikon Chaco, con base en datos oficiales, entre enero y mayo de este año la tierra colorada obtuvo $3.000 millones a través del mecanismo vigente, aunque bajo el esquema que promueven las provincias debería haber recibido $6.858 millones.
La diferencia, cercana a los $3.858 millones, representa no solo una pérdida concreta de recursos, sino también la expresión de un sistema considerado arbitrario por la mayoría de los mandatarios provinciales.
El planteo, canalizado en el Consejo Federal de Inversiones por una mayoría de jefes distritales, consiste en modificar el artículo 5º de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal para que el reparto de ATN deje de depender de decisiones discrecionales y se efectúe automáticamente, con criterios proporcionales.
El fondo se conforma actualmente con el 1% de la masa coparticipable bruta y su existencia es automática, pero su distribución queda sujeta a la voluntad política del Poder Ejecutivo nacional. Esa discrecionalidad se ha transformado en un factor de inequidad entre jurisdicciones y fue denunciada como herramienta de presión o favoritismo en distintos contextos.
Durante los primeros cinco meses de este año, el total acumulado del Fondo ATN alcanzó $365.809 millones, de los cuales $214.949 millones debieron distribuirse entre provincias si se aplicara el criterio de la coparticipación. Sin embargo, solo se giraron $80.500 millones, lo que equivale al 22% de lo disponible.
En consecuencia, una gran porción del fondo permanece sin ejecución, mientras muchos distritos enfrentan serias dificultades presupuestarias.
Misiones no fue la más perjudicada, pero tampoco la mejor tratada. En términos relativos, recibió apenas el 44% de lo que le correspondía, muy por debajo de lo que le debería corresponder si prospera la ley.
A nivel general, el comportamiento histórico del fondo evidencia irregularidades significativas. Entre 2017 y 2024 se distribuyó solamente el 32% del monto acumulado. En años como 2019, el porcentaje cayó al 8%, mientras que en 2020 -a raíz de la pandemia- se giró incluso más del 100% utilizando remanentes de ejercicios previos.
En 2024, el primer año completo de la actual gestión nacional, apenas se ejecutó el 7%, una cifra que refleja con crudeza el efecto de la “motosierra” de Javier Milei y como el superávit fiscal se está logrando, en gran parte, a costillas de las provincias.
La falta de previsibilidad afecta principalmente a las jurisdicciones con menor capacidad financiera. En ese marco, la iniciativa de los gobernadores busca reducir las asimetrías regionales y garantizar criterios objetivos de reparto.
Con el nuevo esquema, se evitarían casos como el de Chubut, que recibió en enero $7.000 millones y luego no volvió a percibir un solo peso. Bajo la lógica propuesta, ese monto habría sido menor en un mes, pero compensado con remesas continuas a lo largo del año.
Otro dato relevante es el comportamiento por jurisdicción. En el actual período, solo 16 provincias accedieron a ATN; ocho quedaron excluidas. Las que más captaron fueron Misiones (12,3% del total distribuido), Salta (11,9%) y Neuquén (11,5%).
No obstante, en el caso de la tierra colorada, el volumen recibido no se condice con lo estimado si se aplicaran los coeficientes de coparticipación. Es decir, aunque figuran entre las más asistidas, siguen recibiendo menos de lo justo.
En términos fiscales, los remanentes no distribuidos representan una masa crítica ociosa: a precios de mayo 2025, ascienden a $4,3 billones acumulados desde 2017. De ese total, $1,2 billones se generaron durante la actual administración nacional. Se trata de dinero que las provincias podrían haber destinado a salud, educación, obra pública o asistencia social, y que en cambio permaneció sin destino definido.
