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El empleo y el poder de compra son dos de las mayores inquietudes de los argentinos

Mientras los ajustes en tarifas y el alza de servicios públicos y privados reducen el ingreso real, los datos oficiales muestran un repunte del desempleo y la informalidad, en un contexto donde la desinflación pierde centralidad en la agenda social.

23 junio, 2025

La fuerte baja de la inflación -desaceleración, en términos técnicos- respecto a los niveles heredados es el principal logro que puede mostrar el presidente Javier Milei para afrontar las elecciones de medio término y validar en las urnas una gestión caracterizada por la figura de la “motosierra”, aún mantiene niveles elevados de aceptación.

El aumento generalizado de los precios dejó de ocupar el primer lugar en las preocupaciones de la ciudadanía. El desempleo y las dificultades para llegar a fin de mes ganaron protagonismo en los sondeos sobre problemas económicos.

Según Mora Jozami, directora de Casa Tres, la inflación era citada como preocupación por el 23% de los encuestados en marzo de 2024, pero solo por 5% en mayo de 2025, una merma de 18 puntos porcentuales. En ese lapso, las menciones al desempleo crecieron de 4% a 11% y al costo de vida, de 3% a 8%, casi se triplicaron.

Javier Milei asumió la presidencia de la Nación en diciembre de 2023 y dispuso una devaluación -sinceramiento cambiario para cerrar una brecha de más de 200% entre el tipo de cambio libre y el oficial regulado- que llevó la inflación al 25% ese mes y el último año de gestión del Frente de Todos terminó con un 211,4% anual, el nivel más alto desde la híper de los años noventa.

El Indec informó la semana pasada que la variación del índice de precios al consumidor (IPC) fue en mayo del 1,5%, la más baja en cinco años, y 43,5% interanual.

Este proceso de desaceleración se dio en paralelo aún ajuste de precios relativos: se actualizaron con fuerza las tarifas de servicios públicos y combustibles que llevaban tiempo congeladas. El equipo económico mantuvo el tipo de cambio estable, aun resignando reservas en el Banco Central.

Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, sin contar subsidios, que releva el IIEP, de UBA Conicet, acumuló hasta junio un incremento de 561%, mientras que el IPC subió 150% en el mismo período.

El gas natural encabezó los incrementos (1.482%), seguido por el transporte (729%), mientras que el servicio de agua de red subió 343% y la electricidad, 316%.

Tarifazos y recortes

La participación de los servicios regulados -educación, luz, gas, transporte, agua, salud y comunicaciones- en una canasta de consumo para una familia tipo se encuentra en los niveles más altos desde junio de 2019 -tras el “tarifazo” de Mauricio Macri y en la previa del congelamiento- resaltó la consultora Eco Go. “No es casualidad que el ingreso disponible de una familia después de pagar los servicios públicos y privados esté todavía por debajo de los niveles previos a la asunción de Milei”, destacó la consultora de marras.

En enero, el promedio de salario privado registrado estaba 3% por debajo de los ingresos necesarios para adquirir la canasta de consumo que releva la Ciudad y marca el umbral para que un hogar de cuatro integrantes sea considerado de clase media. Esa distancia escaló al 5,6% en mayo, según EcoGo, con márgenes aún mayores en empleos informales y de menor calidad.

Esta semana, también se conocieron los datos del mercado de trabajo que releva el Indec. Según analizó la consultora Analytica, la tasa de desocupación se ubicó en el primer trimestre de 2025 en 7,9% de la oferta laboral, lo que implicó un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior y de 0,7 p.p. frente al trimestre previo, en la serie desestacionalizada, a pesar de que el Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec (EMAE) registró un crecimiento del 6,1% en ese período.

El incremento de la desocupación estuvo acompañado por un leve aumento en la tasa de actividad (0,2 p.p.) y en la tasa de empleo (0,1 p.p.), lo que refleja una mayor presión sobre el mercado sin una creación suficiente de nuevos puestos.

La desocupación afectó especialmente a los jóvenes y a las mujeres: en el grupo etario de 14 a 29 años, la tasa de desempleo aumentó 1,9 puntos porcentuales en mujeres y 1 punto en varones.

La informalidad laboral ascendió a 42% en el primer trimestre, 1,2 puntos porcentuales más que el año anterior. Entre los asalariados, el 36,3% no realizaba aportes de jubilación y, de ese segmento, solo el 17% los hacía por cuenta propia.

El avance de los puestos no registrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fue más notorio en trabajadores independientes.

Además, el índice de presión laboral -que considera a desocupados, ocupados que buscan otro empleo y subocupados demandantes- se ubicó en 29,7% de la población económicamente activa, con un incremento interanual de 0,2 puntos porcentuales. La mayor presión provino de ocupados demandantes (16,1%), subocupados demandantes (7,0%) y ocupados no demandantes disponibles (5,7%).

La carga tributaria se lleva casi el 50% del sueldo

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó la carga tributaria directa e indirecta que termina incidiendo sobre distintos perfiles de trabajadores asalariados. Así se determinaron que los cuatro perfiles de ingresos (que van desde $1.500.000 hasta $7.100.000) reflejan una carga tributaria integral que está entre el 47,3% y el 49,9% del ingreso total.

Cabe remarcar que para el análisis se incluyeron en la estimación los tributos que se aplican de manera directa sobre los ingresos y patrimonio, como aquellos que se abonan de forma indirecta al consumir. 

En otras palabras, lo que el trabajo busca estimar es qué porcentaje de ingresos deja de cobrar un trabajador, dada la carga tributaria existente.

Para ello se plantearon cuatro casos: un trabajador que gana $1.550.000, otro de $1.550.000, en el caso tres, $1.550.000 y por último, $7.100.000.

Los resultados de la carga tributaria para los cuatro perfiles de ingresos reflejan una carga tributaria integral que presenta una baja dispersión, a pesar de que el nivel máximo de ingreso es equivalente a 4,6 veces el ingreso mínimo.

Cuánto hay que trabajar para pagar los impuestos

Otra manera de ver estos resultados es transformando los porcentajes en número de días de un año calendario, surgiendo en consecuencia hasta qué día del año un ciudadano debe trabajar para cumplir con sus obligaciones tributarias. Con esta mirada, se tiene que los perfiles analizados deberían trabajar entre 173 y 182 días para cumplir con sus obligaciones, lo cual implica un “Día de Independencia tributaria” entre 22 de junio y 1° de julio.

El estudio reveló una “regresividad” en la carga tributaria. En efecto, los casos 2 y 3 de ingresos, que tienen un ingreso total un 118% y un 219% más alto que el caso 1, respectivamente, tienen una carga entre 1,5 y 2 puntos porcentuales inferior. 

Por su parte, el caso 4, con un salario un 360% mayor que el del caso 1, tiene una carga tributaria solamente 0,6 puntos porcentuales más elevados.

Por eso, desde IARAF, expresaron que dado este comportamiento de la carga tributaria formal para cada uno de los cuatro casos de ingresos considerados, resulta esencial identificar los principales factores de la regresividad que se evidencia.

Uno de ellos surge de los aportes personales. El caso 1 tiene 7,4 puntos porcentuales más de carga tributaria que el caso 4, dado que tiene un aporte de 13,7% del ingreso total, mientras que el cuarto caso tiene uno del 6,3%.

El otro factor explicativo relevante es la típica regresividad de los tributos indirectos. Con relación al caso 1, el caso 2 tiene una carga 1,9 puntos porcentuales inferior, el caso 3 una de 2,7 puntos porcentuales inferior y el caso 4 una de 3,8 puntos porcentuales inferior.

Tags: ArgentinosCarga TributariaCompraEmpleoinquietudesSueldo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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