Dos jefes de la Policía Federal Argentina confirmaron ayer las investigaciones que desplegaron durante 2016 y 2017 detrás de las presuntas maniobras delictivas que involucraban a agentes de Aduana en los controles que debían cumplir en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.
El oficial Adrián Martos (49) de Investigaciones PFA y el subcomisario Guillermo Figun (51), también vinculado al área Brigada Especializada de la fuerza de seguridad, detallaron ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, la labor que cumplieron hace casi nueve años, principalmente, en los procedimientos de escuchas telefónicas.
Las desgrabaciones de las comunicaciones solicitadas por la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, derivaron en las detenciones e imputaciones a los aduaneros Orlando Ariel Alfonso (56), Francisco Antonio Llorente (64), René Lorenzo Juárez (68) y Bernardino Castor Esquivel (51), detenidos el 10 de octubre de 2017 como presuntos integrantes de una organización que facilitaba el contrabando de mercaderías en la cabecera argentina del puente.
Martos, tras reconocer su firma en los informes incorporados como pruebas en el expediente, destacó que notaron con las escuchas un “manejo irregular en el personal aduanero para hacer pasar mercaderías sin controles”.
Sostuvo además que “todas las intervenciones de celulares fueron solicitadas por la Justicia. Las investigaciones siempre se realizan con contacto con los jueces secretarios”. “Somos analistas técnicos”.
Figun declaró luego y coincidió en remarcar con Martos en que en “2016, en ese momento teníamos más de 200 causas en las que investigábamos. Por ejemplo, escuchábamos a Los Monos de Rosario. Respecto a la Aduana de Posadas, no recuerdo con precisión si las escuchas eran directas o diferidas”.
Explicó que las labores de las pesquisas de las escuchas están “capacitados y actualizados” en las “analogías que utilizan las jergas, lunfardo y regionalismos”.
“Por ejemplo, en el caso de los aduaneros recuerdo que uno de los actores se manifestaba con términos vinculados al fútbol. Por ejemplo: ‘Hoy tenemos arquero, está todo tranquilo’. También llamaba la atención que uno de los investigados hablaba con estos códigos pero los interlocutores le respondían como entendían”.
Figun fue directo: “Notamos claros indicios que se trataba de alguna maniobra. Cuando le dimos forma lo confirmamos”. Respecto a “dar forma” a la interpretación de las escuchas, el investigador amplió: “Dar forma es meterse en una novela. A la persona que escuchamos tenemos que ponerle cara, un personaje, tratamos de saber todo lo que hace, su estado civil, familia, su trabajo específico, es una pesquisa amplia”.
Sospechas en los controles
La tarea de los investigadores de la PFA, derivó que el 10 de octubre de 2017, la jueza Skanata ordene que la cabecera argentina del puente internacional fuera copada por efectivos de la fuerza federal y detener a los sospechosos, los cuatro agentes de Aduana vinculados al cobro de coimas a “paseros” para dejarlos ingresar al país mercadería de todo tipo y valor sin aval alguno.
Pero el escándalo no solo ocupó lugar en la cabecera argentina, sino también en la propia sede de la hoy ARCA DGA-Aduana, calles Santa Fe y Colón en el microcentro posadeño, donde se llevó a cabo otro allanamiento vinculado a la investigación.
Los procedimientos se extendieron a distintos viviendas y propiedades de los investigados, como también galpones de almacenamiento, presuntamente de acopio de los contrabandistas, donde se incautaron productos variados.
Se apunta a los acusados como responsables en sus guardias de los carriles de los controles en el puente para que los automóviles que traían mercadería sin avales no fueran revisados a fondo y continuaran tránsito.
En principio, la carátula de la causa fue la de “asociación ilícita, exacciones ilegales, favorecimiento y facilitación al contrabando, y participación en ese delito”, todo agravado por la calidad de funcionarios públicos de los involucrados.
Sobre el delito de “asociación ilícita”, el mismo apunta a la existencia de una organización con persistencia en el tiempo y objetivos en común; sobre la “exacción”, en tanto, la misma tiene que ver con “exigir multas deudas o impuestos en nombre del Estado”.
Los cuatro acusados llegaron a juicio el 6 de mayo pasado. El tribunal está integrado por Enrique Jorge Bosch (subrogante de Resistencia, Chaco) como presidente y los vocales Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Fabián Cardozo.
“Tricota”
Entre los detalles del expediente por la presunta “asociación ilícita coordinada para el contrabando de mercaderías”, los informes de la Policía Federal destacan escuchas en las que se oyen diálogos como: “Juego en la cancha 3 avisale y que traiga la tricota”, en referencia al número de carril de control por el que los paseros debían dirigirse para no ser descubiertos con el contrabando cargado en los automóviles. Por “tricota” se repetía a que (en 2016) solicitaban tres mil pesos por “pase”.
Imputados
Los aduaneros acusados: Orlando Ariel Alfonso (56 y oriundo de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires), Francisco Antonio Llorente (64, Paso de los Libres, Corrientes), René Lorenzo Juárez (68, bonaerense de Lanús) y Bernardino Castor Esquivel (51, nacido en Clorinda, Formosa), fueron detenidos el 10 de octubre de 2017.
