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Cuáles son los pasos que siguen para que Cristina Kirchner cumpla su condena

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py deberá convocarla para que quede detenida. Se esperan presentaciones de las diferentes partes.

10 junio, 2025

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py deberá definir los próximos pasos a seguir de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien deberá comenzar a cumplir la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad.

Tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de su condena, el primer paso es informarle a la ex presidenta que queda detenida. Se estima que la citarán a los tribunales de Comodoro Py para que se presente y así comenzar a cumplir la detención.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que en principio ese es el criterio que suele tomar el TOF 2, el tribunal oral que hizo el juicio y condenó a Cristina Kirchner y con la confirmación de la condena el encargado de hacerla cumplir.

Está integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Son los dos magistrados titulares del tribunal ya que el tercer lugar está vacante. Los jueces suspendieron un viaje a Jujuy de capacitación del nuevo sistema acusatorio al que estaban invitados todos los magistrados de los tribunales orales de Comodoro Py y se quedaron en Buenos Aires.

La citación a tribunales es el criterio que se viene aplicando. El TOF 2 ya hizo eso en el caso de la tragedia ferroviaria de Once y el año pasado con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, cuando se los convocó un día específico para que concurran a los tribunales. Lo mismo hizo otro tribunal la semana pasada en el caso de la “Ruta del dinero K”, cuyas condenas también dejó firmes la Corte Suprema.

Se prevé que en el caso Vialidad el tribunal siga el mismo criterio. Sobre todo, porque no hay riesgo de que ninguno de los condenados se fugue ya que todos siempre estuvieron a derecho y cumplieron las pautas que la justicia les fijó.

El cumplimiento de las condenas es para Cristina Kirchner pero también para el empresario Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).

En tanto, cuando se presenten se deberá determinar cómo cumplirán la condena. En principio es una prisión federal, pero dependerá de si las defensas soliciten que sea en modalidad domiciliaria, lo que se descarta que la mayoría hará sobre todo por razones de salud y de edad.

En el caso de Cristina Kirchner tiene 72 años. La ley prevé que se puede pedir a partir de los 70 años, pero la concesión no es automática. Inclusive el trámite de una prisión domiciliaria lleva varios días o semanas y tienen que opinar las partes del caso.

El punto será determinar cuál es el lugar de alojamiento hasta que se defina si se le concede la prisión domiciliaria. Puede ser desde una unidad penitenciaria, una dependencia policial o de otra fuerza de seguridad o hasta la propia detención domiciliaria. “Hay varias opciones que ya manejamos”, confió una fuente judicial.

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Tags: Caso VialidadCorte SupremaCristina KirchnerFallo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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