Frente al Congreso de la Nación arrancó una concentración de trabajadores, familiares, docentes y personas con discapacidad quienes reclaman que se declare la emergencia en el sector. Se trata de un proyecto de ley que debaten en Disputados y de aprobarse se implementaría hasta el 31 de diciembre del 2027.
La declaración de emergencia en discapacidad permitiría que los prestadores de salud y servicios a personas con discapacidad puedan actualizar los aranceles y las formas de pago desde las obras sociales.
Entre los presentes, Gabriela Reggiardo, directora del Centro Educativo Terapéutico de CABA, institución que trabaja con niños con discapacidad neuromotora contó que “estamos en una lucha desde hace muchísimo tiempo; hoy estamos frente al Congreso para que pueda tratarse y salir la ley de Emergencia en Discapacidad”.
Esta medida es urgente, entre ellas “un atraso arancelario del 73%”, cuando esto implica una importante carga para el establecimiento que “ya no se puede sostener más”. Este panorama se vive en varias instituciones que han decidido “sumarse al reclamo porque nos pone en riesgo la continuidad”.
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