A través del Decreto 373/2025, el Gobierno nacional introdujo cambios en la Ley 27.654, que regula los derechos y la asistencia a personas en situación de calle. De esta manera, se procede a la transferencia de la responsabilidad principal de la asistencia directa desde la Nación hacia las provincias y municipios, basándose en el principio de federalismo consagrado en la Constitución.
A partir de ahora, la atención y ejecución de políticas públicas para esta población vulnerable quedarán en manos de los gobiernos locales. Desde el Gobierno argumentan que en cada jurisdicción poseen mayor conocimiento y capacidad de respuesta ante las realidades específicas de cada territorio.
En este sentido, el Estado nacional asume un rol rector y subsidiario. Su función principal será la de establecer lineamientos generales, coordinar acciones y supervisar la correcta aplicación de la normativa, pero sin intervenir de forma directa en la asistencia cotidiana. Solo en casos excepcionales, cuando una provincia o CABA no cuente con los recursos técnicos, humanos o financieros necesarios, la Nación podrá brindar apoyo económico o técnico.
La autoridad de aplicación de la normativa será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Esta Secretaría tendrá a su cargo la elaboración de directrices generales, la coordinación entre jurisdicciones y el monitoreo del uso de fondos transferidos, en caso de que sea necesaria la intervención nacional.
En el decreto mencionan que la problemática de la situación de calle es compleja y varía significativamente entre regiones, por lo que la homogeneización de políticas a nivel nacional resultaba ineficaz.
Asimismo, reconoce la existencia de programas provinciales y municipales exitosos, como los desarrollados en la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Misiones (con el Operativo en Red), que ya abordan la problemática de acuerdo a las necesidades y características locales. Esta descentralización permite una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de las políticas públicas.
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