“Era valorador de aforos en Paso de los Libres, fue un avance para mi carrera que me designen en Posadas porque se convirtió en la base para otras once aduanas. Entre 1998 y 2013 en la Región Aduanera del Nordeste fui jefe de la sección Importación”. Así se presentó ayer Francisco Antonio Llorente (64), correntino y uno de los cuatro aduaneros que están bajo juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta capital acusados como autores de una “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho”.
Llorente fue el único de los imputados que aceptó declarar frente a los jueces Enrique Jorge Bosch (camarista chaqueño subrogante), Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Fabián Cardozo. De los encartados restantes: Orlando Ariel Alfonso (56), René Lorenzo Juárez (67) y Bernardino Castor Esquivel (51), los dos primeros se abstuvieron, mientras que al último le tocará la oportunidad hoy.
La indagatoria de Llorente duró poco más de dos horas y aceptó responder tanto a la fiscal Vivian Andrea Barbosa como a la Querella, encabezada por Rossana Sienra, abogada representante de ARCA (ex AFIP-Aduana).
Llorente recalcó que su labor fue destacada y recibió la calificación de “Banda Alta, categoría 1”. Desde el 10 de octubre de 2017 cuando fue detenido por orden de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, se siente “encadenado y no entiendo de qué se trataba. Pasé dos meses hasta que empezaron a contarme lo sucedido”.

Relató además que entre “2016-2017 aumentó el caudal de gente que cruzaba el puente (Posadas-Encarnación) y nos dijeron ‘tenemos que recaudar’, trabajar más y cubrir guardias extraordinarias” en los controles aduaneros.
Pero también dijo que “ni una guardia se ordenaba o salía sin autorización de Garnero” (jefe aduanero en el viaducto internacional). “Un promedio de 35 mil personas por día cruzaba, hoy son dos mil las que pasan, entonces era una situación caótica la que se vivía”.
Respecto a la acusación que enfrenta, enfatizó con interrogantes: “¿Dónde está la mercadería o los automóviles que yo dejé ingresar sin controlar?”.
Reconoció que lo llamaban habitualmente “Pancho” sus compañeros de labores, seudónimo que quedó grabado en las escuchas telefónicas.
También destacó con números su presunción de inocencia: “En un año (2016-2017) aproximadamente, yo realicé 87 guardias extraordinarias de (7 a 1 o de 1 a 7). De ellas, nueve hice con (René) Juárez, diez con (Orlando) Alfonso y ninguna con Castor Esquivel. En quinientos días esa fue la cantidad de guardias que me designaron (…) Nunca participé de ninguna entrega de dinero”.
Cuestionó como sospechoso que las escuchas “todas se realizaron de noche, de día no existían. Se hicieron durante los fines de semana y de noche”.
“Garnero organizaba las planillas y nos las comunicaban por mail al jefe de turno y verbalmente nos enterábamos”.
Apuntó que uno de los jefes aduaneros, Silvio Yamil Boutet, “confeccionaba las planillas de las guardias y se las informaba al administrador (Fernando) Garnero. Una vez que lo autorizaba los jefes de turno avisaban por teléfono”, agregó.
Consultado si sabía cómo llegaron a tener contacto con las planillas de guardia en la que se designaban los carriles o filas de control de vehículos y colectivos. Llorente solo dijo: “No lo sé. Desconozco cómo tenían acceso a las guardias”.
Sobre las escuchas a los celulares también fue preguntado Llorente: “En esa época teníamos permitido usar el celular en las guardias. Hoy creo que está prohibido”.
Rechazó utilizar términos de jerga aduanera como “empujar” o “jugadores”, que se destacaron en las desgrabaciones de las escuchas entre los aduaneros y los paseros de mercadería sin avales.
Luis Palma, su abogado defensor, le preguntó si alguna vez le ofrecieron dinero para dejar pasar vehículos en el puente sin controlar: “Nunca recibí dinero, nunca. Con lo que me pagaba la Aduana yo estaba hecho”.
El debate continuará hoy y se aguarda que llegue desde Clorinda Formosa, Castor Esquivel para declarar. Ayer su abogado y conectado vía remota (Zoom) solicitó que no lo indaguen porque su madre tuvo un problema se salud, fue internada. Se le autorizó 24 horas de plazo.










