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“Nunca participé de entregas de dinero, con lo que pagaba la Aduana ya estaba hecho”

Juicio a los cuatro aduaneros acusados de integrar una asociación ilícita para coimear a paseros en el puente Posadas-Encarnación.

28 mayo, 2025
FIRMAS Y CELULARES. Llorente reconoció su firma en planillas de guardias y uno de los tres teléfonos móviles que le secuestraron en octubre de 2017 cuando fue detenido.

FIRMAS Y CELULARES. Llorente reconoció su firma en planillas de guardias y uno de los tres teléfonos móviles que le secuestraron en octubre de 2017 cuando fue detenido.

“Era valorador de aforos en Paso de los Libres, fue un avance para mi carrera que me designen en Posadas porque se convirtió en la base para otras once aduanas. Entre 1998 y 2013 en la Región Aduanera del Nordeste fui jefe de la sección Importación”. Así se presentó ayer Francisco Antonio Llorente (64), correntino y uno de los cuatro aduaneros que están bajo juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta capital acusados como autores de una “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho”.

Llorente fue el único de los imputados que aceptó declarar frente a los jueces Enrique Jorge Bosch (camarista chaqueño subrogante), Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Fabián Cardozo. De los encartados restantes: Orlando Ariel Alfonso (56), René Lorenzo Juárez (67) y Bernardino Castor Esquivel (51), los dos primeros se abstuvieron, mientras que al último le tocará la oportunidad hoy.

La indagatoria de Llorente duró poco más de dos horas y aceptó responder tanto a la fiscal Vivian Andrea Barbosa como a la Querella, encabezada por Rossana Sienra, abogada representante de ARCA (ex AFIP-Aduana).

Llorente recalcó que su labor fue destacada y recibió la calificación de “Banda Alta, categoría 1”. Desde el 10 de octubre de 2017 cuando fue detenido por orden de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, se siente “encadenado y no entiendo de qué se trataba. Pasé dos meses hasta que empezaron a contarme lo sucedido”.

“KIWI”ALFONSO (56). El aduanero se abstuvo de declarar ayer al igual que René Juárez (67). Hoy se espera el testimonio del Bernardino Castor Esquivel (51), formoseño.

Relató además que entre “2016-2017 aumentó el caudal de gente que cruzaba el puente (Posadas-Encarnación) y nos dijeron ‘tenemos que recaudar’, trabajar más y cubrir guardias extraordinarias” en los controles aduaneros.

Pero también dijo que “ni una guardia se ordenaba o salía sin autorización de Garnero” (jefe aduanero en el viaducto internacional). “Un promedio de 35 mil personas por día cruzaba, hoy son dos mil las que pasan, entonces era una situación caótica la que se vivía”.

Respecto a la acusación que enfrenta, enfatizó con interrogantes: “¿Dónde está la mercadería o los automóviles que yo dejé ingresar sin controlar?”.

Reconoció que lo llamaban habitualmente “Pancho” sus compañeros de labores, seudónimo que quedó grabado en las escuchas telefónicas.
También destacó con números su presunción de inocencia: “En un año (2016-2017) aproximadamente, yo realicé 87 guardias extraordinarias de (7 a 1 o de 1 a 7). De ellas, nueve hice con (René) Juárez, diez con (Orlando) Alfonso y ninguna con Castor Esquivel. En quinientos días esa fue la cantidad de guardias que me designaron (…) Nunca participé de ninguna entrega de dinero”.

Cuestionó como sospechoso que las escuchas “todas se realizaron de noche, de día no existían. Se hicieron durante los fines de semana y de noche”.

“Garnero organizaba las planillas y nos las comunicaban por mail al jefe de turno y verbalmente nos enterábamos”.

Apuntó que uno de los jefes aduaneros, Silvio Yamil Boutet, “confeccionaba las planillas de las guardias y se las informaba al administrador (Fernando) Garnero. Una vez que lo autorizaba los jefes de turno avisaban por teléfono”, agregó.

Consultado si sabía cómo llegaron a tener contacto con las planillas de guardia en la que se designaban los carriles o filas de control de vehículos y colectivos. Llorente solo dijo: “No lo sé. Desconozco cómo tenían acceso a las guardias”.

Sobre las escuchas a los celulares también fue preguntado Llorente: “En esa época teníamos permitido usar el celular en las guardias. Hoy creo que está prohibido”.

Rechazó utilizar términos de jerga aduanera como “empujar” o “jugadores”, que se destacaron en las desgrabaciones de las escuchas entre los aduaneros y los paseros de mercadería sin avales.

Luis Palma, su abogado defensor, le preguntó si alguna vez le ofrecieron dinero para dejar pasar vehículos en el puente sin controlar: “Nunca recibí dinero, nunca. Con lo que me pagaba la Aduana yo estaba hecho”.

El debate continuará hoy y se aguarda que llegue desde Clorinda Formosa, Castor Esquivel para declarar. Ayer su abogado y conectado vía remota (Zoom) solicitó que no lo indaguen porque su madre tuvo un problema se salud, fue internada. Se le autorizó 24 horas de plazo.

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Tags: #PosadasAduaneros detenidosFrancisco Antonio LlorenteTribunal Oral en lo Criminal Federal
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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