En una decisión histórica, Suecia se convirtió este martes en el primer país de Europa en regular de forma estricta el uso de plataformas como OnlyFans, prohibiendo específicamente la compra de contenido sexual personalizado y en vivo. La ley, aprobada por el Parlamento sueco, entrará en vigencia el próximo 1 de julio y contempla penas de hasta un año de cárcel para los compradores de estos servicios.
La normativa no sanciona a quienes producen el contenido, sino que se centra en los consumidores, replicando el llamado “modelo nórdico” aplicado desde 1999 para combatir la prostitución, en el que se penaliza al cliente y no a la persona que ofrece el servicio sexual. Con esta medida, Suecia busca frenar lo que considera una forma de explotación trasladada al ámbito digital.
Plataformas como OnlyFans, populares por permitir la venta directa de contenido íntimo o erótico entre creadores y usuarios, han sido blanco de críticas por parte de asociaciones y organismos que las entienden como una forma moderna de prostitución. Aunque en países como Arabia Saudita o Turquía ya están completamente prohibidas, esta es la primera vez que una nación europea establece un marco legal para limitar su funcionamiento.
La ley sueca afecta particularmente dos formas de interacción en la plataforma: los shows en vivo —donde los usuarios pueden dejar propinas y hacer pedidos en tiempo real— y los contenidos personalizados, aquellos que se producen exclusivamente para un cliente según su solicitud. Ambos serán prohibidos. En cambio, el contenido genérico ya publicado y accesible mediante suscripción se mantendrá legal.
Desde el sector, muchas personas que trabajan en OnlyFans han manifestado su preocupación por el impacto económico que tendrá la medida, ya que aseguran que la mayoría de sus ingresos proviene justamente del contenido personalizado y los shows en directo.
El caso sueco podría marcar un precedente para otros países del continente, en medio de crecientes debates sobre la regulación de este tipo de plataformas digitales. No obstante, organizaciones que defienden los derechos de trabajadoras sexuales advierten que, al igual que ocurrió con la prostitución tradicional, este tipo de legislaciones puede empujar las actividades hacia la clandestinidad, en lugar de erradicarlas.
