Una situación que generó indignación y debate en México tuvo lugar en Oaxaca, donde una mujer de 96 años fue forzada a acudir de manera presencial a una sucursal de un banco privado, a pesar de sus severos problemas de movilidad.
Fidelia Vásquez Nuño, postrada en su hogar, debió ser trasladada en ambulancia y sobre una camilla, simplemente para cumplir con un requisito burocrático: validar su identidad ante un error en el sistema biométrico de la entidad.
El hecho fue denunciado públicamente por el periodista local Óscar Rodríguez, quien difundió las imágenes a través de redes sociales. Las fotos y videos rápidamente se viralizaron, generando fuertes críticas contra el banco por someter a una persona en situación de vulnerabilidad a semejante exposición y maltrato.
Gilberto Ayala, hijo de la mujer, explicó que su madre no había podido cobrar su pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante seis meses debido a un problema en la verificación de su cuenta bancaria. “Es una indignidad. Hemos entregado todo: documentos oficiales, poderes notariales, su apoderado legal. Aun así, nos exigieron que ella viniera en persona”, denunció.
Desde la entidad bancaria argumentaron que, debido a fallas en la lectura de datos biométricos y reconocimiento facial, era necesario que la titular de la cuenta se presentara físicamente. Sin embargo, la familia calificó el procedimiento como innecesario e inhumano. “Fue un verdadero calvario. La movimos en cama hospitalaria solo para que la viera un ejecutivo”, expresó Ayala en declaraciones a Aristegui Noticias.
Ernestina Ayala, otra hija de la mujer, también se pronunció al respecto: “Nadie puede dar respuesta al por qué no se le quiere pagar la pensión a mi madre. Primero dijeron que la identidad no estaba clara, aunque entregamos todos los documentos. Luego señalaron que el sistema no reconocía sus rasgos faciales, pero mi madre tiene 96 años, es evidente que ha cambiado físicamente”.
El caso reavivó el debate sobre el trato que reciben los adultos mayores en trámites bancarios y la falta de protocolos adecuados para personas con movilidad reducida. Organizaciones defensoras de derechos de personas mayores y usuarios bancarios también se sumaron a las críticas, reclamando una urgente revisión de las políticas de atención de estas instituciones.
