Cierre violento

Con un saldo de dos muertes ocurridas en al ciudad de Rosario, la seguidilla de saqueos que se inició en el Sur, llegó a Buenos Aires y hasta se reflejó en esta capital provincial este viernes, obligó a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en diversos puntos del país.Al filo de las fiestas de fin de año  se propagó una imagen de violento caos que trajo a la memoria hechos similares ocurridos durante la implosión del gobierno de la Alianza en 2001. Al igual que en esa oportunidad en la que el país se debatía en una de las peores crisis de toda su historia, los saqueadores apuntaron a  los supermercados, pero esta vez lo hicieron para proveerse, principalmente, de electrodomésticos y no de productos alimenticios; diferencia que – junto a la violencia desplegada- reforzó la impresión de que, en palabras del intendente de Tigre, Sergio Massa, “estos actos son inexplicables sin agitadores atrás, que abusan de los sectores marginales”.El jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Juan Manuel Abal Medina, y el secretario de Seguridad Sergio Berni, dieron la nota al lanzar temerarias acusaciones contra los sindicalistas Hugo Moyano y Pablo Micheli, de la CTA disidente, señalándolos como eventuales  instigadores en las sombras de los hechos de violencia. Los comentarios oficiales merecieron una dura réplica del líder de los camioneros, que contestó en la misma línea, adjudicando la paternidad de los disturbios al propio gobierno, “con el fin de victimizarse”.El alto nivel de confrontación de la política argentina, al que no es ajeno el estilo del kirchnerismo, que ya en tiempos de Néstor Kirchner se hizo notar por abrir constantemente nuevos frentes de conflicto, explica el tono ríspido del debate entre los sindicalistas y el gobierno, vinculado a los rasabios que dejó la marcha a Plaza de Mayo organizada por Moyano y Micheli junto a la UCR y otras fuerzas opositoras. Es que, si bien no tuvo la repercusión esperada, la convocatoria se hizo el miércoles 19, precisamente invocando el aniversario de la represión desatada en el marco de la caída del presidente De la Rúa, en 2001. En este marco es lógico que al gobierno le moleste sobremanera ver en la vereda de enfrente a un ex aliado proveniente del movimiento obrero como Moyano, y que a la hora de explicar los saqueos dispare acaso contra los grupos de la izquierda anti K, que le disputan el control de la calle, algo que preocupa al kirchnerismo en vísperas de un año electoral.   Ayer el gobernador Daniel Scioli, explícito aspirante a la presidencia en 2015, salió a dar tranquilidad a la población al resaltar que había 471 detenidos que serían puestos a disposición de la Justicia. En diálogo con radio Mitre, tomó distancia de la beligerancia de Abal Medina y Berni: “No es nuestro trabajo sacar conclusiones de quién pudo haber estado detrás de esto. El análisis lo hará la Justicia. Puedo decir que nuestro trabajo ha sido controlar la situación, la violencia, ante las características de erupción de estos grupos que querían desestabilizar, generar sensación de caos, incertidumbre”. Destinos cruzadosEn este escenario, se puede decir que si bien es cierto que la realidad de la Argentina dista mucho del cuadro de híper desempleo (llegó a estar en el 450%) y extrema exclusión social que emergió en la crisis de 2001, la caída de la actividad económica en 2012, que afectó, entre otros sectores, a la construcción, y especialmente el fuerte impacto de la inflación, son un caldo de cultivo potencial para expresiones de descontento.En ese sentido, organizaciones de izquierda estimaron que una inflación del 40% en los alimentos, “pone a un tercio de los trabajadores argentinos en situación precaria” y afirmaron que en la industria de la construcción se perdieron 35.000 puestos de trabajo. Desde otro ángulo, al hablar frente a 400 empresarios,  el  presidente de Techint, Paolo Rocca, opinó que la economía argentina mejorará paulatinamente en 2013, y anticipó una inversión – del grupo que preside- de 600 millones de dólares, “la más alta de la década”, vinculada a la expansión de los negocios en torno de la extracción de hidrocarburos no convencionales. Rocca dijo que en los próximos años “nuestros países van a tener costo de la mano de obra elevada” e instó a sus pares a apostar a la productividad y otros ítems como la incorporación de tecnología. “Este es el desafío, porque no vamos a volver al costo básico de la mano de obra de principios de la década”, fue la aguda conclusión del empresario. Sorprendió, en tanto, que el Gobierno nacional, por un decreto de la presidenta Cristina Kirchner, decida cerrar el año con una confrontativa recuperación del predio de la Sociedad Rural en Palermo.  Aunque la toma de posesión se basó en un informe de la Sigen que consideró que el predio, que era propiedad del Estado, fue vendido “ a precio vil”  y  en  las actuaciones de la Justicia que procesó por “peculado” a varios de los participantes  de la cesión en los 90, la medida puso en pide de guerra a la entidad ruralista, que llamó a un  paro ganadero para el miércoles próximo y anticipó un pleito judicial. El trasfondo político evidente detrás de la recuperación llama la atención, ya que presiona el tono confrontativo del cierre de un también conflictivo 2012. Otro boletazo y van..A nivel provincial, el Gobierno tuvo que mandar a reforzar la seguridad en Posadas tras el asalto a un supermercado chino, pero las cosas no pasaron a mayores; aunque sí causó impacto la fuerte suba que se anuncia en el boleto del transporte urbano, que se maneja hoy fuera de su ámbito natural, el Concejo Deliberante.  Con la excusa del sistema de transporte integrado, que unifica a todo el Departamento Capital, el Ejecutivo provincial intervino como un poder de facto en la concesión de este servicio público de primera necesidad, desplazando así de las discusiones respecto al precio y calidad del servicio no sólo a los concejales, sino a los usuarios, que se quedaron sin canales de expresión. Esta virtual confiscación del poder de decisión de los posadeños permitió que en lo que va del año el costo del boleto haya subido en un 25%  y pese a ello ahora las empresas salgan a pedir un 40% más; que levaría al boleto a 3.50 peso en 2013. Ni qué decir que en el contexto inflacionario este “incremento descabellado”, como lo calificó el diputado Clau
dio Wipplinger en una nota de este diario, reforzará la presión sobre los sectores con menor poder adquisitivo.  Wipplinger, que conoce el tema  en detalle, es una de las únicas voces que se atreve en la provincia a salir al cruce de los constantes boletazos: “Son una verdadera usura para el bolsillo del usuario;  y esto sigue siendo avalado por el gobernador de la provincia, Maurice Closs, que es quien firma cada resolución de aumento”, subrayó. De cara a un fin de año cruzado por la confrontación y los contrastes, finalmente, el juez federal Ramón Claudio Chávez rechazó la presentación de la actual conducción del PJ misionero contra su decisión de fechar para febrero las  internas partidarias y controlar la transparencia de los comicios  con una junta electoral judicial. En el sector de Marcos Rodríguez -que se prepara para competir en febrero- afirmaron que “los compañeros están muy calientes con la judicialización permanente”.