El Gobierno le está dando las puntadas finales a un proyecto de reforma tributaria, que promete despertar resistencias en muchas provincias, y que incluye la eliminación de impuestos claves, como el de Débitos y Créditos bancarios.
Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo semanas atrás que el proyecto se enviaría al Congreso tras las elecciones de octubre, el presidente Javier Milei analiza la posibilidad de girarlo en junio, para ir calentando motores en la discusión. Cree que la rebaja de impuestos propuesta será un punto a favor del oficialismo en el debate electoral.
Este lunes, el propio ministro aseguró que la medida es para “generar competencia impositiva entre las provincias”, porque “Argentina bajó el nivel de gasto” y todo eso “recayó en Nación”, dijo.
En cifras, el Gasto Público Consolidado (GPC) se mantuvo estable dentro de todo de acuerdo a un análisis del Ministerio de Economía: los últimos datos son del 2023, cuando el GPC bajó al 41,9% en términos del PIB en comparación al año 2022 (42,3%); y de los años anteriores donde tuvo su pico: 2016 (47,4%) y 2020 con la pandemia (46%). En ese marco, el gasto público se distribuyó de la siguiente manera: Gobierno nacional (22,3%); Provincias más CABA (16,1%); y municipios (3,3%).
Javier Milei busca eliminar 90% de los impuestos nacionales
La necesidad de reformular el tablero de los impuestos es un reclamo que vienen haciendo desde el sector empresarial, y que también se discutió en el marco de las negociaciones para arribar a un acuerdo con el FMI.
Uno de los ejes del proyecto será reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y fomentar una “competencia fiscal” entre las distintas provincias, para que pugnen por captar inversiones. En la iniciativa solo quedarían seis gravámenes.
Los seis impuestos que más recaudan son IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), el Impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, que suman el 83% de la recaudación total, según IARAF.
El espíritu de la reforma en la que se está trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre.
El objetivo central es terminar con impuestos distorsivos, como IIBB y tasas municipales, que gravan una misma venta y tienen efecto cascada sobre el precio final. Esto significa que van pasando parte del impuesto al precio y lo termina pagando el consumidor final.
El tributarista César Litvin lo analiza así: “En la medida que el superávit fiscal se acreciente, el Gobierno puede implementar reducciones impositivas a nivel nacional e impulsar a las provincias para que se sumen a un Pacto Fiscal y bajen los impuestos locales”.
Para Nadín Argañaraz, titular de IARAF, una de las cuestiones centrales es que la reforma tributaria “debería hacerse de manera coordinada entre los tres niveles de poder, cuestión de que el espacio fiscal que deje uno, no lo tome otro. Por ejemplo, si Nación baja impuestos, que no los suban provincias, o municipios vía tasas”.
El Estado nacional fijará un piso mínimo para cada impuesto -inferior al total actual- y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio. Esto, dicen, generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías.
Fuente: iProfesional.
