En un escenario cargado de tensiones internas, el fiscal electoral de Misiones, Flavio Marino Morchio, presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral provincial contra la candidatura del expolicía Ramón Oscar Amarilla, quien encabeza la lista de diputados del partido “Por la Vida y los Valores”.
El motivo es que el postulante se encuentra detenido por orden judicial, lo cual —según el fiscal— constituye un impedimento legal para aspirar a un cargo electivo.
El pedido de impugnación fue presentado el 30 de abril, con la firma del propio Morchio, quien detalló que quien lideró la revuelta de mayo de 2024 con un acampe en la avenida Uruguay por reclamos salariales, está privado de su libertad por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Posadas, en el marco de una causa penal .
Se lo acusa de sedición por, presuntamente, estar planificando nuevas protestas violentas a través de un grupo de WhatsApp llamado “solo cola”.
En el escrito elevado al Tribunal Electoral, el fiscal sostuvo que el derecho a ser elegido “no es absoluto” y que la legislación vigente contempla restricciones cuando la situación judicial del candidato afecta la legalidad del proceso.
En ese sentido, citó el artículo 43 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el artículo 3 de la Ley Electoral, que impiden la participación de personas que no figuren habilitadas en el padrón
“El sistema está articulado para garantizar la manifestación segura de la voluntad del elector. La oficialización judicial de los candidatos es una garantía de que estos reúnen las condiciones constitucionales y legales necesarias”, fundamentó Morchio. Además, solicitó que se libre un oficio al Juzgado de Instrucción para confirmar la situación procesal actual de Amarilla. Si se ratifica que continúa detenido, el fiscal reiteró su oposición a que el dirigente sea habilitado como candidato.
“La Constitución no consagra derechos absolutos. El derecho a ser elegido puede ser restringido por ley en circunstancias excepcionales”, sostuvo el fiscal citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Apelación e interna
El Partido Por la Vida y los Valores tenía 48 horas para presentar una apelación. La misma llegó por la tarde de este viernes, pero lo llamativo es que ninguno de los dos apoderados Walter Roque Ríos (tercero en la lista de diputados provinciales) y Débora Solange Mangone (cuarta) realizaron la presentación, sino que lo hizo el séptimo en la lista el abogado Claudio Oscar Katiz, quien, a título personal, interpuso una “recusación con causa” contra el fiscal.
La situación dejó al descubierto un conflicto interno que ya venía escalando por el reordenamiento de lugares en la lista. Según trascendió, Ríos habría modificado el orden original para ubicarse en el tercer puesto, desplazando a otros integrantes y generando desacuerdos.
La negativa a presentar el recurso contra la impugnación de Amarilla habría sido parte de esa puja ya que el apoderado tendría como objetivo quedarse con el primer lugar de la lista.
Es por ello que Katiz tomó entonces la decisión de actuar por su cuenta para evitar que la candidatura de Amarilla quedara sin respaldo legal, y formalizó la presentación directamente en el Tribunal. En su escrito, puso en duda la parcialidad de Morchio. Además argumentó que el dictamen del fiscal “carece de todo sustento legal” y que incurre en una “flagrante violación de los derechos humanos civiles y políticos” al pretender impedir la candidatura de un ciudadano que no tiene condena firme, sino que se encuentra en prisión preventiva.
Ahora, la decisión final la tomará el Tribunal Electoral, que tiene como plazo máximo el martes 6 de mayo.
