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Amnistía internacional advirtió un retroceso en derechos humanos en Argentina

El último informe analizó los últimos 12 meses de gestión de Javier Milei, donde incrementan los discursos de odio y la represión en sectores disidentes al Gobierno.

30 abril, 2025

Amnistía Internacional publicó su informe anual titulado “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, en el que alertó sobre un marcado retroceso en los derechos humanos en Argentina durante el año 2024. El documento describe un contexto donde “avanzan tendencias autoritarias fomentadas por líderes que actúan erosionando libertades esenciales”, lo que se refleja en un deterioro acelerado de las garantías fundamentales en el país.

En la sección dedicada a Argentina, denominada “12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”, el informe pinta un escenario preocupante: “narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión a las voces disidentes”. Esta situación se enmarca en un contexto global donde se observa un avance de regímenes autoritarios que limitan las libertades básicas.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, remarcó que “el deterioro de los derechos no es una metáfora: en Argentina, durante 2024, vimos cómo se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantías individuales”. Además, advirtió que “la respuesta del Estado frente a la protesta pacífica, la crítica pública, la desinformación muestra un giro hacia prácticas con profundos rasgos autoritarios que amenazan la convivencia social”.

El informe señala una serie de problemáticas graves, entre ellas la persecución y confrontación violenta frente al disenso, la propagación del miedo y la desinformación como herramientas de censura, y ataques sistemáticos a la libertad de expresión y al acceso a la información. También destaca la represión del derecho a la protesta pacífica, implementada como política de Estado mediante el “Protocolo Anti-Piquetes”, que resultó en más de 1.100 personas heridas, detenciones arbitrarias y agresiones a periodistas.

Asimismo, Amnistía Internacional denunció un “achicamiento del espacio cívico y la reducción de la participación ciudadana en la vida pública”, acompañado por un aumento de la violencia y la represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos. Este contexto afecta especialmente a sectores vulnerables como mujeres, personas LGBTI+, pueblos indígenas, niños y niñas, y comunidades empobrecidas.

En materia económica y social, el informe destaca retrocesos significativos, en particular en las jubilaciones, que profundizan la desigualdad y la exclusión social. Según el documento, “quienes tienen como único ingreso la mínima, no lograron cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en todo el año, en consecuencia, quedaron por debajo del umbral de la pobreza”, afectando gravemente a amplios sectores de la población.

A nivel global, Amnistía Internacional identificó un fenómeno denominado “efecto Trump”, que ha impulsado en 2024 “el avance global de prácticas crueles caracterizadas por la mezcla de autoritarismo y codicia empresarial”. Este fenómeno ha socavado principios fundamentales como el multilateralismo, el derecho al asilo, la justicia racial y de género, la salud pública y la acción climática. “No solo está agravando daños preexistentes, sino que también incentiva a otros líderes y movimientos anti-derechos a seguir su ejemplo”, señaló el informe.

Finalmente, el organismo internacional concluyó con un mensaje esperanzador y de llamado a la acción: “La erosión de los derechos humanos no es un destino inevitable. La historia ha demostrado que es posible revertir las prácticas autoritarias cuando la sociedad se organiza y alza la voz”. En 2024, millones de personas en Argentina y en todo el mundo se movilizaron para defender sus derechos y rechazar políticas regresivas.

Fuente: Ámbito Financiero 

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Tags: Amnistía InternacionalDerechos HumanosJavier Milei
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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