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Arrancó el juicio oral para los exgendarmes Duette y Gómez por contrabando de soja

14 abril, 2025

Dos de los cuatro imputados que debían comenzar a ser juzgados este lunes por contrabando de granos en el Tribunal Federal de Posadas optaron por acordar sus penas a cumplir mediante un juicio abreviado, en tanto que los dos exgendarmes que están en el banquillo de los acusados afrontarán el debate y aguardarán su reanudación, el próximo miércoles 23 de abril. 

El pasado viernes uno de los implicados en la presunta organización dedicada al contrabando de oleaginosa -a través de Misiones- al Brasil, Juan Carlos Skavinsky, firmó ante la Fiscalía Federal un acuerdo de cuatro años y un mes de prisión. Fue el último en ser detenido en la causa (fue arrestado en Oberá), que se inició en 2021.

Skavinski encabezaba una cooperativa de Trabajo en el Alto Uruguay, con la que operaban la mayoría de los camiones que transportaban el producto, según surgió en la instrucción.

Por su parte, el empresario dedicado a la venta de automóviles, Marcelo Rubén Da Silva, presentó mediante su abogado un escrito, donde solicitó una pena en suspenso (que podría ser de cuatro años y está siendo evaluada por el fiscal de la causa). Se informó que hoy y mientras viajaba para estar presente en el juicio, Da Silva sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial en Oberá.

Presentes este lunes durante la primera audiencia, el exjefe del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería, Marcos Antonio Duette (53) y el sargento primero Ricardo Fabián Gómez (50), aguardarán el reinicio del debate, previsto para la semana que viene. Ambos se encuentran actualmente con prisión domiciliaria.

 

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La presunta banda estaba conformada por doce integrantes, de los cuales uno falleció y ahora nueve acordaron penas en juicio abreviado.

Los jueces de Cámara que integran el Tribunal son Manuel Alberto Jesús Moreira (presidente), Víctor Antonio Alonso y Juan Manuel Iglesias -subrogantes-. La acusación corresponderá al fiscal Pablo Ricardo Di Loreto y la asistencia de Gabriela Acasuso.

La querella de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA exAFIP) está representada por Rossana Beatriz Sienra y Yamila Soledad Amado.

Los encartados que llegan a debate están acusados de haber formado parte de una asociación ilícita, dedicada a concretar el traslado de granos desde Santiago del Estero, Chaco y otras provincias, hacia Misiones, con la finalidad de exportarlas de contrabando por pasos no habilitados hacia Brasil.

De acuerdo a la instrucción del expediente del juez federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, la red se encargaba de la adquisición y transporte, y traslado a las zonas aledañas de las localidades de El Soberbio, Colonia Alicia o Colonia Aurora, donde las bolsas se acopiaban y en balsas y canoas cruzaban ilegalmente al Brasil a través del río Uruguay.

Una vez ingresadas las cargas a suelo misionero, con complicidad de los agentes de Gendarmería, se liberaban las rutas nacional 14 y la provincial 2 (ruta costera) para que los camiones transitaran sin inconvenientes.

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Tags: #PosadasContrabando de sojaJuicio a exgendarmesMarcos Antonio DuetteRicardo Fabián Gómez
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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