La Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina y el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera manifestaron su respaldo a la denuncia penal presentada el pasado 18 de marzo ante el Juzgado Federal de Oberá contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y otros funcionarios del Gobierno nacional, por presunto incumplimiento de deberes vinculados al funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La presentación judicial fue realizada por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y productores autoconvocados de Oberá y Aristóbulo del Valle. El eje de la denuncia radica en la omisión del Ejecutivo de designar un presidente en el INYM, tal como exige la Ley Nacional 25.564, lo que ha paralizado el organismo e impedido su normal funcionamiento en un contexto de crisis para el sector yerbatero.
Además de esa omisión, las entidades denunciantes advirtieron que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 eliminó la facultad del INYM de fijar los precios de la materia prima, al tiempo que su vaciamiento económico impidió su financiamiento autónomo. Esta situación, advierten, generó una profunda crisis institucional, económica y social que afecta de manera directa a más de 12.000 pequeños productores, 15.000 tareferos y unas 50 cooperativas del sector.
El respaldo institucional de la CGP y Kaapuera se suma a lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, que recientemente suspendió la aplicación de los artículos 164 a 168 del DNU 70/2023. El tribunal consideró que la afectación al interés público era “enorme” y con consecuencias de “imposible reparación ulterior”, y reconoció el riesgo que implica para los sectores más vulnerables de las zonas rurales, incluso en términos de su subsistencia.
Por su parte, el Frente Kaapuera denunció que la crisis actual representa “el saqueo más grande en la historia de la yerba mate”, y advirtió sobre las consecuencias que ya se manifiestan en Misiones: migraciones forzadas, abandono de la producción tradicional y concentración en pocas manos. Según datos aportados por la organización, el precio del kilo de hoja verde cayó de 370 pesos a menos de 100, mientras los costos operativos siguen en alza y miles de agricultores se ven obligados a vender sus chacras o cambiar de cultivo.
Las organizaciones que acompañan la denuncia remarcaron que la yerba mate es la principal actividad económica, social y cultural de Misiones, y que el modelo impulsado por el Gobierno Nacional, basado en una supuesta libre competencia, en realidad profundiza la exclusión, rompe el tejido productivo y deja sin protección a quienes sostienen el arraigo rural.
En ese marco, la CGP reclamó el avance de la investigación judicial contra los funcionarios involucrados y la urgente restitución de las funciones legales del INYM. El Frente Kaapuera, en tanto, instó a recuperar las herramientas de regulación del sector y defendió un modelo de producción que combine inclusión, distribución de la renta y sostenibilidad ambiental.
