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El STJ le ratificó su prisión efectiva pero el juez Jiménez analiza que la cumpla en su casa

Solo nueve meses transcurrieron desde que el Superior Tribunal de Justicia rechazara la apelación del posadeño de 31 años sentenciado por la muerte de la exconcejal Claudina Deglise y un matrimonio en 2017.

28 marzo, 2025

Desde el lunes 3 de marzo, el juez Correccional y de Menores 2 de esta capital, César Raúl Jiménez, analiza la solicitud de prisión domiciliaria planteada por la defensa de Cristian Ariel Servián (31), quien cumple los cuatro años y seis meses de condena por el triple “homicidio culposo en accidente de tránsito” que se registró sobre la ruta nacional 12 en San Ignacio, el 7 de abril de 2017.

El fallo condenatorio del juez fue leído el 15 de junio de 2023 y un año después (5 de junio) el Superior Tribunal de Justicia, de manera unánime, rechazó la casación de la sentencia y ratificó el cumplimiento efectivo en cárcel común.

Menos de nueve meses después, Servián le solicitó al juez que la ejecución de la pena se complete en su vivienda en Posadas junto a su pareja y un hijo de 6 años. Incluso señaló que no tendría inconveniente en hacerlo con una tobillera o pulsera electrónica que lo monitoree.

De fuentes judiciales consultadas por PRIMERA EDICIÓN se pudo adelantar que, ya fueron solicitados los informes respectivos sobre las condiciones favorables para otorgar el beneficio y que al magistrado solo le restarían analizarlos y tomar la decisión. Mientras esto se aguarda, es válido recordar que “Nano” Servián fue hallado culpable a prisión efectiva, además de diez años de inhabilitación para manejar un vehículo motor, por el triple homicidio culposo que protagonizó al conducir una camioneta Ford Ranger y provocar la muerte de tres personas, entre ellas la funcionaria pública y exconcejal posadeña, Claudina Deglise.

Llegó a juicio ayer acusado como autor penalmente responsable de “triple homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por la conducción imprudente de un vehículo motor, en concurso ideal con lesiones culposas”, delitos previstos por los artículos 84 Bis y 84 del Código Penal Argentino.

La colisión sobre la ruta nacional 12 entre San Ignacio y Gobernador Roca, le costó la vida a Deglise que viajaba a bordo de la camioneta Ford Ranger que conducía Servián, además de Alejandra Marcela Sartori (23) y Miguel Ángel Barszczuk (25) que transitaban desde Aristóbulo del Valle hacia Alba Posse, a bordo de un Peugeot 208 que fue impactado de frente.

A Deglise y Servián los acompañaban en el asiento trasero dos empleados del Ministerio de Salud Pública más: Alejandro Ordoñez y Yésica Aguilera, quienes sobrevivieron. La camioneta se cruzó de carril en una curva a la izquierda y chocó de frente con el Peugeot conducido por Barszczuk.

La pareja y Deglise murieron en el acto por los múltiples traumatismos sufridos. Según las pericias de la Policía Científica no hubo rastros de frenadas previas al impacto por lo que la velocidad previa de ambos vehículos no pudo ser estimada.

Durante su alegato en juicio, la fiscal María Laura Álvarez resumió: “Por la conducta imprudente y antirreglamentaria de Servián, la Ranger invadió el carril contrario y chocó de frente en Peugeot 208”. Y agregó: “No caben dudas que Servián condujo a contramano, chocó y produjo el resultado muerte (…) En este caso de una pareja de jóvenes y de la exconcejal”.

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Tags: César Raúl JiménezSuperior Tribunal de Justicia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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