El Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por la ministra Patricia Bullrich, prohibió el funcionamiento de centros de estudiantes dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Esta medida se formalizó a través de la Resolución 372/2025, publicada en el Boletín Oficial, justificándose en que el esquema de estos centros es “incompatible con el sistema de reinserción social”.
Por ello, establece el “no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal” y que no se permitirá la permanencia de personas privadas de la libertad en centros educativos fuera del horario de clases asignadas. Esto se debe a que se detectó que los internos permanecían en los centros educativos durante toda la jornada, lo cual “impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social”, incluyendo tareas laborales y de mantenimiento de los espacios comunes.
En los complejos penitenciarios como el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPFCABA), el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV), se encontraron grupos de internos organizados como centros de estudiantes. Sin embargo, esta organización no está reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria.
El Gobierno considera que esta situación “tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos” al impedir el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad. Además, argumentan que la permanencia prolongada de internos en estos centros fuera del horario de clases ocasiona “relevantes alteraciones en materia de seguridad”.
A pesar de considerar a la educación como un pilar importante en la política penitenciaria, aclaran que la prohibición de los centros de estudiantes busca equilibrar esta oferta educativa con las necesidades de reinserción social y seguridad dentro de los establecimientos.
Fuente: La Nación
