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El Gobierno dio de baja a más de 400 mil monotributistas sociales

La reducción se debe a que los mismos debían reempadronarse y pagar el 50% del aporte a la obra social, un costo que antes era subsidiado por el Estado.

20 marzo, 2025

El Gobierno Nacional dio de baja a 406.000 monotributistas sociales, lo que representa un 60% del padrón, reduciendo el número de inscriptos de 673.000 a 267.000. La medida se produjo tras el proceso de reempadronamiento que comenzó en octubre de 2024, cuando se estableció que quienes desearan mantenerse en el régimen debían comenzar a pagar el 50% del aporte a la obra social, tanto para el titular como para sus adherentes.

Según el informe difundido por la Secretaría de Trabajo, “la drástica contracción de esta modalidad obedece al proceso de reempadronamiento en el Monotributo Social definido para las personas adheridas a programas sociales”. Asimismo, el documento señala que “a partir de octubre, quienes completaron este proceso debieron empezar a abonar la mitad del aporte correspondiente a la obra social, que previamente estaba subsidiado por el Estado Nacional”.

El informe también destaca que “aquellas personas encuadradas en el Monotributo Social que no cumplieron con los nuevos criterios fueron dadas de baja del régimen, lo que provocó la caída del 60% del número de trabajadores encuadrados en el Monotributo Social”. Sin embargo, no se detallan las causas específicas de esta drástica reducción. Algunos especialistas consideran que la falta de reempadronamiento y la eliminación del subsidio de la cuota de la obra social pueden haber influido en la disminución del padrón.

El Monotributo Social es un régimen destinado a personas en situación de vulnerabilidad social o desempleo, beneficiarios de programas como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito, o que deseen iniciar emprendimientos productivos, comerciales o de servicios. Permite formalizar actividades económicas, emitir facturas, acceder a una cobertura de salud para el titular y su grupo familiar, e ingresar al sistema jubilatorio. Además, es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social y jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo.

En octubre de 2024, la Resolución 630/2024 del Ministerio de Capital Humano estableció que “el titular que quiera seguir inscripto en la categoría tributaria optativa del Monotributo Social deberá abonar el 50% del componente de la obra social por sí mismo y por cada adherente”.

El monto del 50% del aporte a la obra social es de $8.358,16 mensuales por cada integrante del grupo familiar. Para una familia tipo (matrimonio y dos hijos), el costo asciende a $33.432,64 mensuales, lo que representa un gasto significativo para los beneficiarios del régimen.

 

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Tags: Gobierno nacionalmonotributistas socialespadroSecretaría de Trabajo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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