El sumario con las actuaciones de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní (Unidad Regional X) respecto a la denuncia por delitos contra la integridad sexual que una abuela presentó en representación de sus dos nietas de 7 y 3 años durante los últimos días de febrero, ingresó ayer al Juzgado de Instrucción 3 de la Primera Circunscripción Judicial y se aguarda para las próximas horas la determinación del juez respecto a la situación legal de las acusadas: la madre de las menores y su actual pareja.
Como lo adelantó ayer PRIMERA EDICIÓN, los rastros de abusos sexual en las niñas habrían sido constatados y se activaron los procedimientos de protocolo para estos casos, principalmente para la detección de enfermedades de transmisión sexual y la contención integral, principalmente la salud mental de las víctimas.
La denuncia y las medidas tomadas por la comisaría de la UR-X fueron remitidas ayer por la mañana y resta aguardar si se tomará alguna decisión en dirección a la detención o no de las apuntadas.
La denuncia se presentó el viernes 28 de febrero y fue la abuela paterna de 63 años, enfermera y técnica en higiene y seguridad laboral, quien detalló lo que sus nietas le confiaron cuando viajaron a Buenos Aires a visitar a su padre de 38 años pocos días antes.
Como lo adelantó este Diario en su edición de ayer, el primer dato que encendió las alarmas de la abuela fue que las dos niñas tenían el cuero cabelludo y parte del rostro quemado por el insecticida que le habrían aplicado su progenitora y la respectiva pareja para combatir los piojos. No solo las menores continuaban con liendres en la cabeza sino que se evidenciaban temor y dolores en el cuerpo.
Cuando llegaron a la casa de su padre, la mayor de las víctimas rompió en crisis de llanto y súplicas para no regresar a la casa de su madre porque ya no querían estar en contacto con la pareja de ella, una mujer de 34 años que la sometía a los abusos sexuales, cuyos detalles mayores este Diario se reserva publicar.
Al retornar a Posadas, se concretó además la primera denuncia en la Justicia de Familia (Juzgado 3, Primera Circunscripción Judicial) en la que la abuela solicitó una medida de “Protección Integral” para las dos víctimas. Por subrogación legal, intervino la jueza de Familia 1, Lidia Graciela Mana, y se ordenó que en el marco de la acción solicitada continúe la abuela paterna con el resguardo de las niñas y determinó las audiencias respectivas para resolver en este fuero.
La progenitora acusada tiene 34 años pero ya trascendió en las noticias en agosto de 2022 -en el mismo Juzgado de Instrucción 3- cuando aún era suboficial del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y fue denunciada por estafar a sus camaradas y allegados con gestiones en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) para obtener viviendas familiares. En aquel momento, la aprehensión se concretó por una seguidilla de presentaciones que se radicaron en su contra.
La subadjutor pasó a disponibilidad de la fuerza de seguridad y pocos días después se dispuso su apartamiento.
La detención se produjo a la par que trascendieron los embargos en la Justicia Civil que la sospechosa acarreaba desde 2021 por similares episodios de engaños a terceros con ofertas de viviendas.
Una empleada pública provincial se presentó en septiembre de 2021 en un juzgado civil de la Primera Circunscripción e inició el embargo al salario de la agente involucrada luego que se negara a devolverle 200 mil pesos que le habría dado a cambio de una vivienda Itaembé Guazú.
Vale recordar que la ahora investigada por abuso sexual de sus hijas, antes de las denuncias por estafas, fue ascendida de agente a suboficial (cabo) en 2021 y un año después a auxiliar antes que el escándalo trascendiera y se definiera su alejamiento de la institución de seguridad provincial.
