La justicia de Puerto Rico investiga un posible caso de falsificación de documentos públicos, causa que tiene en la mira a una mujer de 50 años que habría adulterado la firma de un juez de paz y sellos de un juzgado para acreditar domicilio en la localidad de Montecarlo.
Según las fuentes, presentó de manera online los documentos en la Unidad Penal 16 (Servicio Penitenciario Bonaerense) de Junín, para visitar a un hombre privado de su libertad y avalar esa dirección para una futura estadía del interno en caso de recibir el beneficio de la libertad condicional o su traslado a una cárcel provincial misionera.
El hecho se descubrió a fines del año pasado cuando la mujer presentó la documentación con la firma, sello y testigos, en principio todo apócrifo, en un certificado de domicilio expedido supuestamente en la comisaría de Montecarlo.
Los papeles fueron rechazados desde el departamento de Legales de dicha cárcel de Junín desde la cual solicitaron a la justicia misionera que investigue el origen del documento público. El caso recayó en el Juzgado de Paz de Montecarlo que a su vez dio intervención a la fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores 1 de la IV Circunscripción Judicial de Misiones, con asiento en Puerto Rico de Puerto Rico por el presunto delito de “falsificación de documento público”, previsto en el artículo 292 del Código Penal Argentino y penado con hasta seis años de prisión.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, indicaron que el documento falsificado tenía firma y sello de un juez que no corresponde al titular del Juzgado de Paz de Montecarlo. En principio el nombre del magistrado es del titular del Juzgado de Paz de Mojón Grande, pero tanto el sello como su rúbrica no son legítimos.
Tampoco de momento se logró corroborar la identidad y la veracidad de los datos de los testigos que figuran en el certificado de domicilio y la constancia en sí, supuestamente confeccionada en la comisaría de Montecarlo, también sería falsificada.
Lo llamativo del caso es que la sospechosa reside en realidad en Montecarlo y que estaba en condiciones de generar los documentos por las vías legales. Respecto al propósito o el fin de presentarlos ante el Penal juninense, el mismo sería acreditar un domicilio para que un interno (sería su pareja) puedo fijar dicho domicilio para un traslado a una unidad carcelaria de Misiones o en un futuro para una libertad condicional.
Las mismas fuentes revelaron que el caso se conoció en los últimos días cuando desde Buenos Aires rechazaron la documentación presentada y requirieron la intervención de la justicia local. Los trámites en principio se iniciaron a fines del 2024.
La mujer no fue detenida por el momento, pero está notificada para presentarse en los próximos días a declarar. La investigación puede alcanzar a la policía de Montecarlo en caso de que se compruebe que el documento se confeccionó en esa comisaría.
