El Gobierno nacional habilitó el uso de ciertas palabras para referenciar a personas con algún tipo de discapacidad. Es así que en Argentina, cualquier persona que presente algún grado de limitación podría ser considerada “idiota”, “imbécil” o “débil mental”. Si bien parece una decisión a medida de un Presidente que anda cómodo repartiendo insultos a diestra y siniestra contra quien apenas se aparte de su pensamiento, la cuestión fue mucho más compleja.
Resulta que el Gobierno fue al pasado a traer esos conceptos que estaban en desuso para la evaluación de aquellos merecedores de una pensión por invalidez. El decreto con la nueva escala mereció el repudio de las organizaciones que representan al colectivo, que lo consideraron arcaico, discriminatorio y violatorio de resoluciones internacionales a las que adhiere Argentina.
La disposición del Gobierno pasó desapercibida durante semanas hasta que ayer la cuenta de X “Arrepentidos de Milei” (y no el variopinto arco opositor) difundió el decreto y lo volvió viral.
Tras el escándalo el Gobierno anunció que dará marcha atrás con la resolución 187 siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes para garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
Pero no sorprendería que hoy el vocero defienda la medida, no sería inesperado… a eso nos estamos acostumbrando, así como nos acostumbramos a ver a dirigentes investigados por la Justicia.
En definitiva la experiencia vale para denotar lo que puede llegar a hacer esta gestión si la sociedad misma no controla sus actos. Porque al cabo de quince meses los argentinos ya comprenden que se usan conceptos tan valiosos como “libertad” para cometer verdaderos actos de agresión contra grupos en particular y contra la sociedad en general.
