Javier Milei instruyó a la Oficina Anticorrupción para que inicie las investigaciones que crea necesarias con el objetivo de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción en el escándalo con la criptomoneda $LIBRA. En paralelo, invitó a realizar las denuncias que considere pertinentes ante el Poder Judicial.
Lo hizo a través del Decreto 114/2025, publicado con su firma y la de Patricia Bullrich en el Boletín Oficial de este jueves.
A través de esa normativa, además, Milei ordenó la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que estará en la órbita del Ministerio de Justicia, con el fin de “recabar la información relacionada con el criptoactivo denominado ‘$LIBRA’” y “colaborar de forma rápida y expedita con Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.
Funciones de la UTI
Las funciones que deberá desarrollar la UTI, según el documento, son “requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional, en el marco de su objeto”, así como también a “organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de estados extranjeros y/u organismos internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.
En paralelo, tendrá que “recibir y gestionar, con la asistencia de las áreas competentes, los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado ‘$LIBRA’, y “convocar la participación de los funcionarios y/o expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, recopilar e integrar la información, datos y documentación a efectos de su remisión al órgano del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal competente”.
Además, deberá “denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados”.
“La información, datos y documentación obtenida deberán ser mantenidas adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”, aclara el decreto, que indica también que la UTI “no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”.
El artículo 4° de la normativa, en tanto, estableció que el Ministerio de Justicia “dictará las normas operativas y complementarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el presente decreto y brindará el apoyo técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), por lo que su funcionamiento no generará erogación alguna”.
El apartado siguiente, por su parte, indicó que la UTI “una vez concluida su tarea, se tendrá por disuelta”.
Oficina Anticorrupción investiga LIBRA - BO
Fuente: Clarín
