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Firmó un abreviado por abusar de dos niñas, dos meses demoró el TP-1 en ratificar la pena

Tiene 37 años y ayer los jueces de calle La Rioja realizaron la audiencia para aceptar lo que el acusado rubricó el 5 de diciembre de 2024. En 2023, los mismos jueces lo excarcelaron por el plazo vencido de la prisión preventiva. Decisión que el STJ revocó pero no habría sido obedecida.

20 febrero, 2025
ESPOSADO A LORETO. El albañil posadeño y la guardia del Servicio Penitenciario ayer tras la audiencia de ratificación de condena de doce años de prisión efectiva.

ESPOSADO A LORETO. El albañil posadeño y la guardia del Servicio Penitenciario ayer tras la audiencia de ratificación de condena de doce años de prisión efectiva.

El Tribunal Penal 1 de la Primera Circunscripción Judicial concretó, después de setenta días de firmada por el acusado, la detención y ratificación de la condena de doce años de prisión por el abuso sexual ultrajante y reiterado de dos niñas, hermanas e hijas de su expareja en un barrio de la zona sur de Posadas.

El acuerdo de juicio abreviado fue rubricado por el encartado el jueves 5 de diciembre ante el fiscal del TP-1, Martín Alejandro Rau, y su abogado defensor.

Pero los jueces Gustavo Arnaldo Bernie y Viviana Gladis Cukla, dilataron la audiencia de ratificación hasta la mañana de ayer. Medida que no demora más de treinta minutos y que, mientras no se realizó el imputado por delitos previstos en el artículo 119 del Código Penal, permaneció libre, beneficiado por la excarcelación que en 2023 le otorgó el mismo tribunal por el vencimiento de la prisión preventiva.

Lo llamativo, respecto a este último detalle, también radica en que el Superior Tribunal de Justicia revocó la excarcelación en 2024 y ordenó que aguardara detenido el juicio oral. Esta decisión no habría sido cumplida, a la luz de lo sucedido.

Ayer pasadas las 9, el obrero de la construcción de 37 años finalmente fue trasladado por la fuerza pública al tribunal de calle La Rioja y se ratificó su condena y el inicio de la ejecución. Durante los 74 días transcurridos desde el abreviado, no se sabe si el confeso culpable pudo o no haber tomado contacto con sus víctimas, incluyendo la madre de ellas. Es decir, si corrieron peligro nuevamente.

El albañil de 37 años y con domicilio en un barrio de la zona sur de esta capital, fue denunciado en 2020 por la madre de dos niñas menores de 13 años que fueron sometidas a actos de manoseos reiterados, en el caso de la mayor de las víctimas desde los 6 a los 11 años.

Las denuncias se concretaron en la Comisaría de la Mujer Zona Oeste cuando una de las víctimas directas de los abusos sexuales rompió el silencio y se lo contó a su madre. Todos los actos fueron confirmados por las entrevistas en Cámara Gesell a las niñas. Las conclusiones fueron contundentes, principalmente por las coincidencias en las descripciones de lugar y los tipos de manoseos y demás circunstancias que manifestaron las menores.

Utilización de material pornográfico para obligar a las víctimas a mirarlo, como también los tocamientos y amenazas, conformaron el relato de las dos niñas en el expediente. Según las mismas fuentes consultadas, en el domicilio del encartado en la zona sur de Posadas, también habrían sido abusadas las víctimas. Los informes sobre la salud mental de las menores no refirieron dudas, principalmente en cuanto a si sus relatos fueron forzados por la madre u otro familiar o allegado.

El sometimiento sexual se completaba con amenazas de muerte que le bajaban directas: “No vas a contarle nada a nadie, porque voy a matar a tu mamá”. En ese contexto, el que debía cuidar a las menores se transformó en victimario. Las menores sufrieron cinco años de estos episodios de violencia física y psicológica.

El 5 de diciembre pasado, firmó el acuerdo de suspensión por juicio abreviado como culpable de los delitos de “abuso sexual con resultado gravemente ultrajante” en la mayor de las víctimas y “abuso sexual sin acceso carnal”, a la restante, pero en ambas víctimas “en ocasiones reiteradas”.

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Tags: #PosadasAbuso sexualjuicioTribunal Penal 1
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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