Ante la reciente eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario a nivel nacional, la provincia de Misiones reafirma su compromiso con el asesoramiento legal de las comunidades indígenas y trabaja en un plan de contingencia para garantizar la continuidad de estos servicios y la protección territorial.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, aseguró que Misiones nunca dependió de estos fondos nacionales y que el acompañamiento jurídico siempre estuvo financiado por el Estado provincial.
“Nosotros nos pusimos en conocimiento la semana pasada de la resolución número 8, que deroga la resolución 235 de 2004, la cual establecía este programa. Este plan otorgaba subsidios para que las comunidades pudieran afrontar los gastos de quienes las representen legalmente en situaciones que ponían en riesgo la ocupación de sus tierras por derecho ancestral”, explicó Rodríguez.
La medida, impulsada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), responde a una política de revisión y optimización de recursos estatales, en el marco del decreto 70/2023 de emergencia pública en materia económica.
Garantizan la continuidad del asesoramiento jurídico
Pese a la eliminación del programa nacional, Rodríguez afirmó que en Misiones el impacto será nulo: “En estos cuatro años que llevamos en la dirección, desconocemos este subsidio porque nunca nos llegó. No sé si de manera privada algunas comunidades lo habrán recibido, pero nosotros no lo gestionamos”.
El funcionario detalló que el financiamiento del asesoramiento legal en la provincia se sostiene a través de diversas instituciones estatales. “La Provincia siempre financió todo lo que sea asesoramiento legal, no solo a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, sino también mediante la Fiscalía de Estado, abogados de la Gobernación, el Ministerio de Coordinación y Gabinete, y Escribanía de Gobierno”, indicó.
Rodríguez destacó que esta política provincial permitió brindar un acompañamiento constante a las comunidades en temas legales, asegurando que los conflictos territoriales sean atendidos con respaldo jurídico. “No hemos necesitado estos subsidios porque contamos con un equipo de profesionales especializados que garantizan el acceso a la Justicia de las comunidades indígenas”, agregó.
Plan de contingencia y protección territorial
La eliminación de la Ley 26.160, que establecía el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, es otra de las preocupaciones vigentes. “El relevamiento técnico está bajo la órbita del Ministerio del Agro, pero sabemos que el año pasado se bajó una partida para cuatro relevamientos más, que ya fueron completados. Nos preocupa que la eliminación de la ley deje en un limbo legal estas carpetas técnicas, ya que estaban incluidas en ese marco jurídico”, advirtió Rodríguez.
Frente a este escenario, la Provincia está desarrollando un plan de contingencia junto con distintos organismos estatales. “Estamos elaborando un plan con el Ministerio de Coordinación y Gabinete, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Derechos Humanos, los municipios y la Dirección de Asuntos Guaraníes, para fortalecer el diálogo y la participación comunitaria, garantizando que ninguna comunidad corra riesgo de desalojo”, indicó el funcionario.
Un trabajo preventivo para evitar desalojos
Rodríguez enfatizó la importancia del trabajo preventivo que se lleva a cabo en la provincia para evitar situaciones de desalojo. “Hoy en día no hay comunidades en riesgo de desalojo, lo que es muy importante. Contamos con un equipo que trabaja en conjunto con las comunidades para evitar estos conflictos y garantizar sus derechos”.
Asimismo, recordó que la Provincia ha asumido responsabilidades que el Estado nacional no cumplió. “Más allá de las carpetas técnicas de la Ley 26.160, que no alcanzó su etapa final porque la Nación no llegó a la compra de los territorios ni a la comisión en el Senado, ni a la Cámara de Diputados para evaluar qué territorios iba a comprar la Nación, entonces, ante el incumplimiento de varios años atrás, la Provincia se ha hecho responsable. Hemos trabajado en conjunto para evitar situaciones críticas y proteger los derechos territoriales de las comunidades”, concluyó.
