El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. La solicitud surge tras la confirmación, por parte de la Cámara de Casación, de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2.
Villar argumentó en su apelación que la sentencia de Casación presenta una “arbitrariedad” al haber absuelto a varios de los imputados en la causa por el delito de asociación ilícita, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, José Periotti, y el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. La fiscalía también pidió que se revierta la absolución de De Vido y que se aplique la figura de asociación ilícita a todos los mencionados.
Según el fiscal, la prueba recolectada en el juicio demostró que los acusados, junto al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, “instauraron y tomaron parte en una matriz de corrupción sostenida durante más de 12 años”, con el objetivo de apropiarse de fondos públicos mediante un esquema de roles estratégicamente definidos dentro y fuera del Estado. En este sentido, Villar insistió en que la sentencia de Casación no contempló la magnitud del delito ni la estructura organizada con la que se llevaron a cabo las maniobras de corrupción.
El caso Vialidad investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de empresas de Lázaro Báez, quien habría recibido adjudicaciones millonarias con sobreprecios y sin controles adecuados. El fallo original del Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Fernández de Kirchner por defraudación al Estado, pero la Fiscalía sostiene que también debe ser condenada por asociación ilícita, ya que considera que existió una estructura delictiva organizada para el desvío de fondos públicos.
La Corte Suprema deberá ahora evaluar el planteo de la Fiscalía y decidir si toma el caso para revisar la condena y las absoluciones dictadas por la Cámara de Casación.
Fuente: Infobae
