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No hay crisis en la yerba: la producción es récord, pero la ganancia se reparte mal

La rentabilidad de los colonos cayó a los niveles más bajos de los últimos años, quedándose solamente con 4,5% del precio en góndola. En 2024 hubo récord de producción pero solo los grandes molinos fueron los grandes beneficiados por este modelo de liberación de precios.

9 febrero, 2025

La rentabilidad del productor yerbatero cayó a los niveles más bajos de los últimos años, quedándose solo con el 4,5% del valor del paquete en góndola, al mes de febrero de 2025, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).

Es el peor momento, desde 2019, del ratio entre el precio al productor y el precio en góndola por kilo, describe el documento.

Esta situación se registra a pesar de que en 2024, los establecimientos de secado procesaron un total de 986,7 millones de kilos de hoja verde, lo cual representa el mayor avance de cosecha acumulado hasta el mes de diciembre en los últimos cinco años. Este volumen se sitúa 19,6% por encima del promedio del período 2020-2023 y 27,4% por encima del nivel registrado en 2023. El destino de esta producción no fue el mercado interno: el consumo de yerba, tal como se observa en otros mercados y producto de la sensible caída del poder adquisitivo, cayó 9,3% interanualmente en 2024 (258,8 vs. 285,4 millones de kilogramos). Es el nivel de consumo más bajo de los últimos ocho años, explicó el CEPA.

Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), esto implica un récord de envíos al exterior de yerba, explicado por el incremento de exportaciones a Siria, que se consolidó como destino principal de este producto: los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos   (INDEC) arrojan que el 70% del volumen exportado se destina a dicho país.

EN POCAS MANOS. La riqueza que genera esta economía regional no se derrama a las familias productoras que sufren por la falta de un precio de referencia y reciben un valor irrisorio por el producto.

El productor gana menos

Según el trabajo de CEPA, empeora la relación precio al productor/precio de góndola. Si se analiza la relación entre lo que recibe el productor y el precio de góndola, el primero solo logra captar 4,5% del precio de venta en góndola, es decir, 3,6% menos que el promedio 2020-2023. Es el peor momento, desde 2019, del ratio entre el precio al productor y el precio en góndola por kilo.

Las importaciones de yerba mate agravaron la situación de los productores. La decisión del Gobierno tomada en marzo de 2024, a partir de la Resolución 5490/2024, de reducir impuestos por 120 días a las importaciones de yerba mate, que luego se extendió para todo el 2024 a través de la Resolución 5527/2024 generaron un aumento del ingreso de yerba mate canchada y molida (lista para empaquetar), proveniente de Paraguay y Brasil, por 11,9 millones de kilogramos, 80,1% más que el mismo período de 2023.

¿Quiénes importaron? El aumento de las importaciones corresponde a las grandes industrias yerbateras de Corrientes y Misiones. Las Marías y La Cachuera explicaron el 70% de lo que ingresó desde Paraguay y Brasil, seguido por la Importadora Sudamericana SRL.

El perjuicio para los productores es evidente, indica CEPA: “la materia prima ingresa a un costo promedio de 1,2 dólares por kilo que, al valor oficial más el Impuesto PAÍS, alcanza aproximadamente $1.300. En cambio, la yerba canchada en abril de 2024 se compraba en secaderos a $1.406. Esto quiere decir que los industriales compran yerba de afuera, más barata, obligando a los secaderos a bajar el precio, los cuales también terminan pagándole menos al productor primario.

 

La desregulación

El desbalance de la cadena productiva yerbatera se evidencia desde el DNU 70 que desreguló la actividad y le quitó al INYM la posibilidad de fijar precio mínimo de la materia prima, además de la apertura indiscriminada de importaciones. “Si el INYM y las regulaciones asociadas al mismo, buscaban darle herramientas al sector con menor poder relativo en un claro escenario de mercado imperfecto, su eliminación agrava el estado de cosas. El precio al productor difícilmente logre recuperarse en los próximos meses, ya que la medida dispuesta por el DNU deliberadamente incide en la (des)organización al interior de la cadena de valor”, explica el informe.

El DNU significó, entre otras cosas, la eliminación de la realización de acuerdos semestrales entre los distintos sectores participantes del INYM, que participan en la regulación del precio de la materia prima.

Además, el INYM sigue sin autoridades designadas a pesar de la suspensión temporal del DNU 70/2023 en lo concerniente al sector yerbatero a partir de un amparo ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. El organismo enfrenta limitaciones en su capacidad operativa, ya que aún no se ha designado un presidente para el instituto, lo que restringe su facultad para ejecutar plenamente las decisiones sobre la fijación de precios. Esto se suma a que el Instituto se encuentra desfinanciado: la Secretaría de Agricultura de la Nación es la autoridad que aprueba las actualizaciones del valor de la estampilla (Tasa de Inspección y Fiscalización), que es la principal fuente de financiamiento del Instituto. La última Resolución corresponde al 6 de diciembre de 2023. Esta falta de actualización conspira contra el financiamiento.

DESPROPORCIONADO. El sector productivo local “no la ve”.

 

La historia de los 90

No es la primera vez que se recorre el camino de la desregulación en el sector. En los 90, se desreguló el mercado, eliminándose la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada, durante el gobierno de Ramón Puerta. El año pasado, su hijo Pedro, diputado provincial, también aplaudió la desregulación.

En la actualidad, el DNU pareciera seguir esta misma lógica con la llamada “modernización” que se propone para el INYM, dentro del paquete de “desregulación” de la economía. En esa década, el valor de la yerba canchada por tonelada, así como de la yerba verde, cayeron sostenidamente a lo largo de la década a un tercio y a un quinto de su valor, respectivamente.

En el caso de la yerba canchada, el valor se ubicaba en $930 pesos/dólares en 1990, lo que equivalía a 1 dólar el kilo y se desploma a $349 pesos/dólares en 2001, equivaliendo a solo 35 centavos de dólar el kilo de yerba. La hoja verde también sufre una caída en su valor por tonelada, desde $202 pesos/dólares en 1990, a $42 pesos/dólares en el año 2001. En paralelo, el precio en góndola de la yerba se mantuvo estable en toda la década. La desregulación sectorial en la década de los 90 significó un claro perjuicio a los productores yerbateros.

Como contracara, desde 2001, con la creación del INYM el comportamiento del precio al productor de hoja verde y yerba canchada en términos reales recupera el terreno perdido aumentando 246% y 255% respectivamente entre 2002 (su punto más bajo) y el año 2023.

Tags: GananciaYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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