A diez años de las primeras denuncias, integrantes de la comunidad mbya guaraní Tekoa Arandú volvieron a pedir ayuda para frenar el robo de madera nativa de los montes protegidos e incluso bajo titularidad legal que poseen en la zona de Pozo Azul, Santiago de Liniers y Victoria, entre otras jurisdicciones del norte misionero.
Denominados como “rumberos”, miembros de pueblos originarios que se despliegan para trazar y marcar los sitios donde los saqueadores de madera abren trillos y caminos para desmontar, alzaron sus quejas durante las últimas horas porque el robo está organizado y temen por su vida porque les tienden trampas y emboscadas para amenazarlos con armas de fuego para guardar silencio y no interrumpir la tala de ejemplares nativos de alto valor, árboles que llegan a ser vendidos en valores superiores a los 50 millones de pesos.
“Están arrasando, abrieron caminos en varios puntos que sirven para ingresar al monte por un lugar y salir por otro distante”, alertó una de las voces contactadas por PRIMERA EDICIÓN quien también afirmó que los ladrones “andan armados y ya golpearon y apuntaron a varios miembros de la comunidad Tekoa Arandú”.
Se remarcó que al menos “son cinco mil hectáreas con títulos de propiedad” las que fueron invadidas para el robo de madera y que ya las denuncias a la policía y a los demás organismos estatales para la protección no alcanzan “porque tampoco hay recursos para frenarlo, falta de todo”, resumió la fuente que PRIMERA EDICIÓN reserva su identidad.
“Hace dos semanas los rumberos marcaron con indicadores satelitales de Google, fotografiaron y pidieron ayuda. Los caminos que se están abriendo no son pocos y hasta incluyen una topadora para conseguirlo”.
El miedo impera y recrudeció durante los últimos meses de la misma manera que se registrara en 2020 y años siguientes. “Es mucho dinero y el silencio en las chacras sirve de amparo porque son bandas que roban y llevan la madera a los aserraderos clandestinos. Selva que debe ser protegida es vulnerada por las motosierras y armas de fuego”, agregó la fuente.
Contexto
Para tomar dimensión del acecho que padece la zona respecto a la tala ilegal, vale remarcar que durante los primeros días de enero, el juez de Instrucción de San Pedro, Ariel Belda Palomar ordenó la detención de un empresario de la zona involucrado en el robo de 80 ejemplares de árboles el Parque Provincial Piñalito Sur.
Por la maniobra denunciada por el Ministerio de Ecología de la Provincia, permanecen prófugos dos hermanos madereros, también de San Pedro, quienes habrían organizado y liderado el accionar delictivo. La semana pasada, el juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, como subrogante durante la licencia de Belda Palomar, excarceló al sospechoso detenido. La orden la emitió pocos días antes de que se tomara vacaciones el juez de San Pedro, que había rechazado el beneficio en consonancia con la opinión del fiscal de Instrucción, Francisco Javier Insfrán.
