Un reconocido comercio de Puerto Iguazú presentó una denuncia contra el jefe de la Aduana de esa ciudad, Eduardo Acevedo, por no efectuar los controles que establece la Ley en el funcionamiento de la Zona Franca, donde opera el conocido Duty Free Shop.
La firma local, Comercial San Nicolás SRL, hizo una presentación en el Juzgado Federal de Eldorado contra el responsable de controlar el cumplimiento del funcionamiento del espacio libre de impuestos “porque está abierto el restaurante y en ley de Zonas Francas, que figura como base del contrato de concesión, expresamente prohíbe consumir en una Zona Franca”, explicaron los denunciantes a PRIMERA EDICIÓN.
Se trata de la ley 24.331, sancionada el 18 de mayo de 1994 y promulgada parcialmente el 10 de junio de ese año, que en sus disposiciones generales establece, en el artículo 10, “Queda prohibido el consumo de mercaderías dentro de la zona franca, en aquellos casos distintos a las actividades propias del funcionamiento de la misma”.
Concesión cuestionada
En Iguazú la mayoría de los comerciantes y la Cámara de Comercio han venido denunciando, desde hace años, que existe una competencia desleal por parte de la Zona Franca, atento a que ofrece productos importados sin IVA, mientras que el resto de los comercios locales, incluso emprendedores pequeños, deben tributar tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales sin ningún tipo de bonificación. De esta manera, tienen más carga y no pueden competir con los precios del Duty.
Esta situación ya fue denunciada con el objetivo de dar de baja la concesión del negocio libre de impuestos que funciona el medio de las fronteras de Argentina y Brasil.
La misma firma, Comercial San Nicolás SRL, en el año 2023 envió cartas de documentos al Comité de Vigilancia de la Zona Franca y al Ministerio de Economía de la Nación notificando el inicio de acciones judiciales, además de advertir que no amplíen el plazo de concesión solicitado por el concesionario debido a que están en trámite cuestiones más importantes vinculadas con su continuidad.
La acción judicial también fue notificada al Ministerio de Economía y a London Supply SA, la dueña del Duty Free.
Se trata de la misma empresa que aportó fondos para levantar la quiebra de la imprenta Ciccone Calcográfica en la causa que fue condenado el exministro de Economía y exvicepresidente, Amado Boudou.
Comercial San Nicolás SRL fundamenta su pedido de inconstitucionalidad en que el decreto que le otorga la exención de impuestos al Duty, del año 2002 y firmada por el ministro de Economía Roberto Lavagna durante la presidencia de Eduardo Duhalde, tiene un rango inferior al de la Ley del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y ninguna norma de rango inferior puede modificar a una de mayor jerarquía.
Además, la Ley del IVA debe ser modificada por el Congreso. El Poder Ejecutivo Nacional no tiene esa posibilidad y por esa razón puede ser nulo.
Esta causa se tramite en el Expte. 11884/2023 Comercial San Nicolás SRL c/ Estado Nacional Ministerio de Economía s/Proceso de Conocimiento. Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 Secretaría 12. Tramita en Capital Federal. Inconstitucionalidad de los decretos 963/98 y 1882/2002.
PRIMERA EDICIÓN accedió a la presentación realizada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, Secretaría 12, “a fin de determinar la inconstitucionalidad del Decreto N° 963/1998 que autorizó el funcionamiento de la zona franca de Puerto Iguazú y del Decreto N° 1882/2002 que establece una exención impositiva del pago del Impuesto al Valor Agregado a los ciudadanos argentinos en la compra de mercaderías adquiridas en la Zona Franca”.
La concesión comenzó en el 2000 y finalizará en 2030.
Vínculos con el poder
El presidente de London Supply es Eduardo “Teddy” Taratuty, empresario vinculado al kirchnerismo que además de Ciccone fue mencionado en otras causas en la Justicia como por ejemplo un juicio en marcha por supuesta adjudicación irregular de la concesión de Puerto Pañuelo en Bariloche.
Actualmente se está tramitando el juicio oral en el Tribunal Oral Federal Nº 2 y la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, ratifico el procesamiento dictado por el juez Federal Criminal y Correccional a cargo del Juzgado Nº 7, Sebastián Casanello- de todo el Directorio de London Supply SA y del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, por el direccionamiento de la Licitación Pública de la concesión y explotación de Puerto Pañuelo en el Parque Nacional Nahuel Huapi de la provincia de Río Negro.
“A pesar de los vínculos evidentes con el poder político que gobernó el país hasta el 10 de diciembre, hubo gente que nunca tuvo miedo y se plantó a defender los derechos que nos corresponden”, sostuvieron desde la parte demandante.
En Iguazú creen que, con el nuevo Gobierno nacional, se le terminó la protección o los vínculos que tuvo London Supply y el Duty Free, durante los últimos años.
Una prueba de ello es que Alejandro Vanderbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou, apareció en una lista de empresarios que eran “protegidos” por la AFIP en los años anteriores. Esa lista se publicó por decisión de este Gobierno nacional.
Vanderbroele está relacionado a este grupo empresario ya que recibió un aporte de la empresa London Supply por US$ 1,8 millones para levantar quiebra de Ciccone Calcografía. Ese dato surge del procesamiento de Amado Boudou.
Quiere decir que la empresa concesionaria de la Zona Franca de Puerto Iguazú se encuentra vinculada con protegidos de la ex AFIP por el gobierno anterior.
“Esperemos que se acabe la protección que tenía esta gente desde Buenos Aires, porque en Iguazú ellos no pagaban los impuestos e incumplían las leyes, mientras los pequeños comercios, emprendedores y hasta Doña Rosa tenía que pagar religiosamente todos los tributos”, agregaron desde la parte demandante.
