Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian un nuevo plan de ajuste del gobierno de Javier Milei, que contempla una reducción del 30% en la planta estatal. Advierten que se enmarca dentro de una estrategia más amplia para enfrentar la pérdida de ingresos públicos, estimada en 800 millones de dólares, a causa de la baja temporal de las retenciones.
Los rumores indican que el Poder Ejecutivo busca una “dotación óptima” en el sector público, lo que ha generado inquietud entre los empleados estatales. Según ellos, el sector “no resiste más recortes”, lo que refleja un clima de incertidumbre y temor por posibles despidos.
ATE prevé que los mayores despidos se producirían en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se espera que se concentren la mayoría de las bajas. Este ministerio representa más del 32% de la administración centralizada, con un total de 14.057 trabajadores.
Además, se anticipa que PAMI sufrirá recortes significativos tras haber experimentado ya 230 despidos recientes. Este organismo es uno de los principales afectados por la reestructuración prevista por el gobierno.
Otro organismo que podría verse impactado es el ARCA (exAFIP), donde se proyecta una reducción del 38% en su estructura. Esta medida también ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes temen por su estabilidad laboral.
En el ámbito de la salud, se han anunciado 1.400 despidos en las últimas semanas. Aunque no son definitivos, hay dudas sobre la continuidad de ciertos programas y hospitales públicos, lo que ha incrementado la ansiedad entre los empleados del sector.
Las decisiones sobre los recortes serán delegadas a los funcionarios a cargo, quienes deberán determinar dónde se realizarán las reducciones. Con solo 163 días restantes para que expire el plazo de las facultades delegadas a Milei, el futuro del empleo estatal parece incierto.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó en un comunicado su preocupación: “Los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales”. Esta situación podría tener repercusiones sociales negativas significativas y afectar incluso a empresas estatales como COVIARA, vinculada al Ministerio de Defensa.
Fuente: El Cronista
