Un grupo de integrantes de la organización social Darío Santillán, denunció a su referente provincial, Raúl Arnold, quien además es concejal de San Pedro, por apropiarse de herramientas y recursos “que eran de toda la organización” y, además, lo acusan de pretender vender una propiedad de 3,5 hectáreas donde funciona una huerta comunitaria. En ese lugar, según ellos, el compromiso era que cada uno de los integrantes luego pudiera construir su vivienda.
Los damnificados hicieron una asamblea el lunes y decidieron dos cosas: contar la situación a los medios de prensa y hacer una denuncia penal contra el dirigente. Ese día la Policía local no le tomó la denuncia y recién los recibió el martes.
De acuerdo a Luciana Almeida, “nosotros trabajamos muchos años y compramos esa propiedad con toda la organización para trabajar. Teníamos conexiones de riego, producción de mandioca, huerta, invernáculo, vendíamos la producción en una feria”.
“La idea era que en el futuro se hiciera un barrio popular, supuestamente cada uno después quedaba con su propiedad”, dijo.
Pero resulta que el domingo el concejal, jefe de la organización que ellos mismos integran, según contó la mujer a PRIMERA EDICIÓN, “se llevó los tanques de agua y todas las mangueras de riego, a la vez que le ofreció en venta la propiedad a un vecino”. Toda esta decisión la tomó en forma unilateral, sin consultar con el resto de los integrantes, que se sienten con los mismos derechos ya que hace años trabajan ocho horas al día durante tres días a la semana.
“Nos robó todo y quiere vender la propiedad. Nos desalojó. También se llevó las herramientas que teníamos”, se lamentó la mujer. El grupo hizo la denuncia penal.
Otro de los perjudicados, identificado como Pablo Cristaldo, dijo que “con nuestro aval se puso la propiedad a nombre del concejal Arnold”, pero nunca pensaron que iba a ocurrir esto. “Nosotros queremos recuperar la chacrita, que no se venda, y recuperar las herramientas que se llevó”, explicó.
Otro integrante contó que “él era muy exigente, obligaba a la gente a trabajar ocho horas y nos hablaba mal, amenazando que les iba a sacar el sueldo”.
Los integrantes de la organización son beneficiarios del Programa Potenciar, reciben $78.000, suma que se repite desde hace meses, debido a que esta herramienta de asistencia no cuenta con actualizaciones automáticas.
También habló con PRIMERA EDICIÓN, Pedro Pablo Vallejos, quien integraba el área de construcción comunitaria de la organización. Dijo que “éramos 18 pero ahora cada vez menos” ya que el año pasado el Gobierno nacional no destinó recursos para obras de estos movimientos sociales.
Vallejos se lamentó porque el concejal “vendió nuestra máquina y no pudimos seguir haciendo trabajos que hacíamos, que era construir iglesias, salones comunitarios”.
También recordaron que “se hizo una gran cantidad de empanadas para juntar recursos y no vender la máquina pero igual la vendió y no sabemos qué hizo con la plata”.
Una de las máquinas mezcladoras, que todavía no vendió, está en la vivienda del concejal, así como otras herramientas que ya no pueden utilizar. En definitiva, sienten que todo su esfuerzo “se tiró a la basura” y que confiaron en un dirigente que ahora los traicionó y los dejó sin nada, aprovechándose de su buena fe durante años.
Explicaron a este Diario que quieren seguir trabajando y esperan que la Provincia, la Justicia o el Municipio intervengan para evitar que pierdan la chacra y les reintegren los equipos de riego y las herramientas.
Advirtieron que no piensan retirarse de la chacra y van a quedarse hasta que consigan la documentación que comprueba que pertenece a la organización y cada uno podrá quedarse luego con su porción.
