El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1, ordenó al Ministerio de Justicia que se abstenga de reducir recursos humanos e infraestructura en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Esta medida cautelar responde a un pedido de diversas organizaciones sociales que demandaron garantías sobre el cumplimiento de las leyes y compromisos internacionales en materia de violencias de género.
La resolución judicial exige al Estado Nacional que renueve los contratos vencidos al 30 de junio de 2024 y que asegure la prestación mínima obligatoria establecida en la Ley de Protección Integral de las Mujeres. El juez señaló que el Ministerio no presentó pruebas documentales para demostrar cómo se cumplirán estas obligaciones y destacó la falta de claridad sobre la reorganización administrativa anunciada por el Gobierno. Este vacío de información es incompatible con los principios de progresividad y cumplimiento efectivo de los derechos.
La medida judicial también obliga al Ejecutivo a mantener la producción y publicación de estadísticas e informes relacionados con la temática, un punto clave para evaluar la implementación de políticas públicas.
La acción judicial fue impulsada por organizaciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), entre otras. Estas entidades cuestionaron la desfinanciación y la baja ejecución presupuestaria en programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género. Además, alertaron sobre el impacto negativo de estas decisiones en los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
El Ministerio Público de la Defensa respaldó las preocupaciones de las organizaciones, advirtiendo que el informe presentado por el Estado no especifica cómo se garantizarán los derechos constitucionales y convencionales de las niñas y adolescentes afectadas por estas políticas.
(Fuente: diarioar)
