El Gobierno volvió a posponer el plazo para que las empresas del Estado se conviertan en sociedades anónimas, paso previo a las privatizaciones que pretende la gestión libertaria.
Lo hizo a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, que llevó la firma del Presidente y de todo el Gabinete de ministros.
“Prorrógase por el término de SESENTA (60) días el plazo previsto en el artículo 51 del Decreto N° 70/23, prorrogado por su similar N° 553/24”, señaló la disposición. “La presente medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su dictado”, agregó.
Al llegar a la Presidencia, Milei declaró la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.
En ese contexto, el Ejecutivo había decidido otorgar un plazo inicial de seis meses para que las empresas del Estado nacional puedan transformarse en sociedades anónimas, bajo el propósito de achicar el Estado y fortalecer el equilibrio fiscal.
A fines de junio pasado, el Gobierno prolongó ese plazo por seis meses y este martes decidió una nueva postergación que se extenderá por otros 60 días.
“La gravedad de la situación exige su prórroga por el término de SESENTA (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias”, detalló el Decreto 1120/2024.
La Casa Rosada busca acelerar la venta de las empresas públicas. El titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher, es el encargado de trabajar los pliegos.
Para concretar las privatizaciones, hay distintos mecanismos que el Ejecutivo tiene en carpeta: uno es abrir licitaciones y avanzar en la venta, para lo que necesita de la aprobación del Congreso, o podría lanzar una oferta pública inicial para sacar las acciones de las compañías al mercado de capitales bajo un método denominado initial public offering (IPO, por sus siglas en inglés).
También podría ceder parte de las empresas -por ejemplo a los empleados (como se barajó para el caso Aerolíneas Argentinas)- o cerrarlas y poner a la venta los terrenos a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Fuente: Noticias Argentinas
