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Desde hoy, las comunidades aborígenes podrán ser desalojadas

No obstante, continúa el relevamiento territorial indígena. El Gobierno no precisó qué pasará con las comunidades ya relevadas. ¿Qué sucede en Misiones?

11 diciembre, 2024
Archivo

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Por decreto 1083/2024, el Gobierno nacional derogó la prórroga que se realizó hasta noviembre de 2025 de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, sancionada y promulgada en noviembre de 2006, que impedía el desalojo de tierras ocupadas por aborígenes.

El decreto fue publicado este martes en el Boletín Oficial y comenzará a tener validez a partir de hoy. El decreto dio por finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país (artículo 1 de la ley) y la suspensión de los desalojos y ejecución de sentencias (artículo 2). No obstante, el decreto de Javier Milei no suspendió el relevamiento territorial de las comunidades indígenas (artículo 3 de la Ley 26.160) que, en el caso de Misiones, está muy avanzado.

 

Casi dos décadas de relevamiento

Cuando fue sancionada, en 2006, la Ley 26.160, estableció un plazo de cuatro años para hacer el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades aborígenes en el país y, para darles seguridad jurídica, prohibió que sean desalojadas durante esos años. Pero el relevamiento empezó casi dos años después de sancionada la ley, los fondos para llevarlo adelante llegaron en forma intermitente, se cambiaron los equipos técnicos en varias ocasiones. Conclusión: pasaron 18 años y el relevamiento no se terminó.

Misiones es una de las provincias con el trabajo más avanzado (el 87%) pues según precisaron a PRIMERA EDICIÓN desde el equipo técnico operativo de Misiones encargado del relevamiento ya se relevaron 110 comunidades y quedan pendientes 16. Provincias como Formosa apenas comenzaron.

Según fundamentó el Gobierno nacional en los considerandos, la extensión de la emergencia durante tantos años generó “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional, así como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el artículo 124” de la Carta Magna. Además, expresó que “la prórroga excesiva” dejó espacio para “una serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas del Estado”.

 

Propiedad privada

El decreto fundamenta que la prórroga de suspensión de los desalojos ataca el derecho a la propiedad privada pero no considera que permitir el desalojo de los aborígenes de las tierras que ocupan es un ataque a los derechos colectivos de estos pueblos. Paradójicamente, el decreto fue publicado ayer en el Día Mundial de los Derechos Humanos.

“Lamentablemente, lo estábamos esperando. Pero cuando uno lee los fundamentos para habilitar los desalojos no puede dejar de indignarse: claramente el derecho a la propiedad privada está por encima del derecho colectivo. Se prioriza lo económico por sobre lo social y la vida de la gente, y esto es muy triste porque lo económico es importante pero no a costa de la vida de la gente. Este decreto abre un mundo de incertidumbres porque la Ley 26160 suspendió las sentencias de desalojos judiciales y administrativas y ahora todas tienen vía libre para ser ejecutadas… incluso de comunidades que ya tienen su carpeta técnica del relevamiento terminado”, señaló a PRIMERA EDICIÓN la integrante del Equipo de la Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA, María Josefa “Kiki” Ramírez.

Indicó además que “por suerte, en Misiones la mayoría de las comunidades fueron relevadas”. Ramírez recordó que incluso en plena vigencia de la Ley 26.160, los indígenas siguieron sufriendo situaciones de violencia, amenaza, empresas y particulares que explotaron sus tierras y trataron de desalojarlos, “ahora sin el amparo de la ley, quedan en una situación aún más vulnerable porque generalmente, en Misiones, los conflictos no son entre los guaraníes y los colonos, sino con empresas forestales, emprendedores turísticos con poder adquisitivo”.

“Este decreto es como una muerte anunciada… Milei lo venía diciendo en la campaña”, indicó Vasco Baigorri de EMIPA.

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  • El Gobierno derogó la emergencia territorial indígena
Tags: ComunidadesDesalojoIndígenas
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FM 89.3

Las ventas por las fiestas de Navidad dejaron un balance positivo para el comercio de Posadas, con un consumo que mostró planificación previa, búsqueda de precios y una marcada preferencia por segundas marcas y alternativas más rendidoras.
Así lo aseguró el comerciante posadeño Nelson Lukowski, quien destacó que el movimiento superó las expectativas y se mantuvo en niveles similares, e incluso levemente superiores, a los del año pasado
En una jornada atípica para el calendario legislativo, el Senado de la Nación sesionó este viernes 26 de diciembre para avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2026, una ley clave para el Gobierno nacional. La sesión estuvo atravesada no solo por el debate económico, sino también por un fuerte cruce político y un episodio interno que generó tensión en el recinto.Desde el Congreso, el corresponsal de FM de las Misiones y Primera Edición, Gerardo Strejevich, explicó que “nadie preveía que íbamos a estar sesionando un 26 de diciembre, pero el Senado está tratando el Presupuesto 2026, que ya tiene media sanción de Diputados y ahora busca convertirse en ley”.
La creciente cantidad de siniestros viales en Misiones, especialmente aquellos que involucran a motociclistas, volvió a encender las alarmas. Desde la Asociación de Motociclistas Misioneros, su presidente Alejandro Melgarejo trazó un duro diagnóstico de la situación actual y cuestionó con firmeza las políticas de seguridad vial que se vienen aplicando en la provincia.“Estamos hablando de aproximadamente 300 víctimas fatales en lo que va del año, más de 80 víctimas más que el año pasado. Son 300 familias destruidas, y eso es gravísimo”, advirtió Melgarejo, al remarcar que el escenario es aún más preocupante por la falta de información oficial y de un plan de contingencia claro. “No tenemos datos oficiales, no hay responsables a la vista y tampoco respuestas para las familias”, sostuvo.
A pesar de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia sonora, la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre volvieron a estar marcadas por estruendos en distintos barrios de la ciudad. Desde la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (FAPADHEA) advirtieron que este año se registraron más reclamos que en 2024 y que, en algunas zonas, “no hubo prácticamente ninguna diferencia con los tiempos previos a la normativa”.Así lo expresó Eduardo Sisto, presidente de la fundación, quien lamentó que “volvimos a unos años atrás porque un grupo importante de ciudadanos no entiende lo que es la convivencia respetuosa”. “A mucha gente le importó muy poco la salud integral de las personas con autismo, de los niños, de los ancianos y de las mascotas, y tiraban cohetes como si nada”, señaló.
El tradicional mercado La Placita vivió una Navidad con un movimiento comercial positivo que sorprendió incluso a los propios comerciantes. Así lo afirmó María Eva Duarte, referente y locataria del paseo, quien destacó que las ventas estuvieron por encima de lo que se esperaba en un contexto económico complejo.“La verdad es que no nos podemos quejar, fue más de lo que nos imaginábamos”, aseguró Duarte al hacer un balance de los días previos a la Navidad. Si bien reconoció que el nivel de ventas no alcanzó al de otros años, remarcó que “estuvo bien, estuvo bien, gracias a Dios”, lo que permitió cerrar las fiestas con alivio y optimismo.
El Parque Nacional Iguazú y el Área Cataratas celebraron la Navidad con una noticia que reafirma la fortaleza del destino turístico: el 25 de diciembre se alcanzó el ingreso del visitante número 1.500.000 en lo que va de 2025. El dato fue confirmado por Nicolás Benítez, director de Marketing del Ente Municipal de Turismo de Iguazú (ITUREM), quien destacó el buen nivel de ocupación y las perspectivas alentadoras para la temporada de verano.“Estamos gratamente sorprendidos por el movimiento que se está dando en el destino. Hace bastante tiempo no teníamos una ocupación tan notable en estas fiestas”, señaló Benítez, al referirse al flujo turístico registrado durante Nochebuena y Navidad.
Los siniestros viales vinculados al consumo de alcohol volvieron a ocupar un lugar central en la agenda durante el último fin de semana, especialmente en la noche del 24 de diciembre. Frente a este escenario, la jueza de Faltas de la dependencia N.º 3 de Posadas, Bettina Alejandra Balbachán, advirtió que el problema excede ampliamente a las sanciones y puso el foco en un cambio cultural profundo.“No hablamos de accidentes, hablamos de siniestros, y lamentablemente venimos viendo un incremento sostenido, sobre todo en fechas festivas”, señaló la magistrada, al tiempo que remarcó que los niveles de alcoholemia detectados no son excepcionales. “Un dosaje de 1,57 no es el más alto que he visto, es un número habitual, y en fechas festivas suele ser incluso mayor”, afirmó.
En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, desde la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (FAPADHEA) renovaron el pedido de evitar el uso de pirotecnia sonora y apostar por festejos más empáticos e inclusivos. Así lo expresó Patricia Caramuto, integrante de la entidad, quien remarcó la importancia de “ponerse en el lugar del otro” a la hora de celebrar.“Cuando hablamos de festejos, de compartir y de inclusión, también hablamos de la importancia de evitar la pirotecnia justamente en estas fiestas y celebrar con un poco más de empatía”, sostuvo Caramuto, al señalar que el impacto del ruido no afecta solo a personas con autismo, sino también a adultos mayores y mascotas.
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