Este lunes arrancó con la noticia que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio dependiente del ministerio de Economía imputó a 95 empresas del país, bajo la acusación de haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor.
De Misiones, en la nómina aparecieron Energía de Misiones SA (EMSA) y Servicios de Agua de Misiones SA (SAMSA). También está la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. de Alem (CELA), la Cooperativa Eléctrica Rural, Telefónica de Provisión y Servicios de Eldorado Ltda. (CERED) y la Cooperativa Luz y Fuerza de Ldor. Gral. San Martín.
Desde las prestatarias de los servicios públicos se mostraron sorprendidos con la intimación y no quisieron dar declaraciones al respecto. Quien sí habló y fue la primera voz en referirse al tema fue Alejandro Garzón Maceda, director de Comercio Interior en Misiones, quien cuestionó duramente lo que consideró una intromisión del Gobierno nacional.
En diálogo con 89.3 FM de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero desmintió en primer lugar que se hayan aplicado multas, tal como trascendió oficialmente en un primer momento. “Lo que hubo es una imputación hecha a algunas cooperativas, a EMSA y a SAMSA, por una presunta infracción”, marcó y luego aclaró que esa supuesta falta se basa en una resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación y no en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, como se mencionó en varios medios.
El entrevistado explicó que, según esta normativa, “los proveedores de servicios y bienes no pueden cobrar algo que no tenga que ver con el servicio que brindan”. Sin embargo, subrayó que cada empresa y cooperativa tiene condiciones específicas para la facturación de sus servicios.
“EMSA no cobra una tasa; lo que cobra es la energía que se consume en el alumbrado público, ya que es la responsable de este servicio. No es una tasa municipal que va al municipio”, detalló, añadiendo que esta medida tiene sustento en su rol como empresa estatal encargada del suministro de energía.
Garzón Maceda también diferenció la situación de SAMSA, explicando que la empresa tiene permiso para incluir ciertos cargos en sus facturas. “SAMSA tiene por ley de concesión de la provincia la autorización para cobrar la tasa de uso de suelo que cobra el municipio en cada uno de los lugares donde presta servicio, por el servicio de llevar los caños bajo tierra”, puntualizó.
Respecto a las cooperativas, Garzón Maceda mencionó que funcionan bajo reglas específicas y responden a las decisiones de sus propios socios. “Las cooperativas son un equipo de socios, de vecinos, que se reúnen para obtener, hacer fuerza y obtener un beneficio. Las asambleas de las cooperativas han aprobado estos descuentos, por lo cual no nos pueden imponer que dejen de cobrarlos”.
El director defendió la autonomía de Misiones y de sus municipios ante esta decisión de la Nación, considerando que el rol de control debería recaer en la provincia.
“Cuando salió la resolución, Nación la presentó en el Consejo Federal de Defensa del Consumidor, y en esa instancia, las provincias señalaron que era inaplicable. No es potestad de Nación intervenir donde existen autoridades locales competentes para el control”, aseveró.
Garzón Maceda, quien también es Director de Defensa del Consumidor, afirmó que Misiones siguió revisando la facturación de todas las empresas y cooperativas de servicios para evitar cargos indebidos. “Hicimos un expediente y revisamos cada cooperativa para asegurarnos de que no haya nada que no corresponda. Se encontraron en dos localidades cuestiones que no correspondían y se eliminaron”, afirmó.
Finalmente, cuestionó la efectividad de las medidas impuestas desde Nación, afirmando que podrían poner en riesgo los servicios esenciales que las cooperativas y empresas locales brindan.
“No desfinancian al Estado; desfinancian a los prestadores del servicio, que son quienes garantizan que la luz esté prendida en la noche, que la plaza tenga luz y que el foquito, si falta, se cambie”, concluyó.
