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Oberá: piden control a remises “truchos” y que habiliten Uber y aplicaciones similares

Luego de los aumentos del boleto de colectivos, creció la oferta irregular de autos y motos en los barrios. Los taxistas quieren que la Municipalidad controle y los concejales impulsan una habilitación legal a la oferta de transporte.

9 noviembre, 2024
MÁS OFERTA. Los concejales consideran que la habilitación de las aplicaciones diversificará y ampliará la oferta de transporte.

MÁS OFERTA. Los concejales consideran que la habilitación de las aplicaciones diversificará y ampliará la oferta de transporte.

Mientras algunos concejales impulsan una habilitación formal para el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros en la ciudad de Oberá, los taxistas reclaman que se incremente el control a los remises “truchos” que representan una competencia desleal porque no cumplen con todas las exigencias.

La inquietud se hizo manifiesta durante una serie de reuniones que tuvieron concejales de la oposición con trabajadores taxistas en el marco de una agenda de diálogo para impulsar la habilitación de las nuevas aplicaciones digitales de transporte.

Los taxistas no se oponen a la llegada de Uber, Cabify y otros dispositivos similares que se utilizan para el transporte de pasajeros en vehículos privados. Lo que más les preocupa, y manifestaron a los concejales, es la cantidad de automóviles y motocicletas que ofrecen servicio de transporte en forma totalmente irregular.

La oferta en los barrios creció luego de los sucesivos incrementos del pasaje de colectivos.

Los conductores “formales” de taxis y remises incluso indicaron que informaron a la Municipalidad sobre los “irregulares” que están brindando servicio pero no ven que haya controles.

A raíz de esta situación, el concejal del PRO, Aníbal Ramírez, a pedido de un grupo de remiseros de Oberá, solicitó al intendente Pablo Hassan que el municipio informe sobre los controles que se realizan para detectar remises sin habilitación.

Él mencionó que existen permanentes reclamos de los taxistas y remiseros “legales” que pagan impuestos y brindan trabajo formal, y son perjudicados por aquellos que operan al margen de las ordenanzas y las exigencias.

En el proyecto también solicitó el listado de sanciones aplicadas a los remises truchos que se hayan detectado.

Habilitación de las aplicaciones

Los concejales del interbloque del PRO, Adriana Kosnicki, Aníbal Ramírez y Mara Frontini, presentaron un proyecto de ordenanza para que la Municipalidad habilite el funcionamiento de aplicaciones digitales de transporte compartido privado de pasajeros en la ciudad. Las más conocidas son Uber y Cabify.

Se reunieron con taxistas y remiseros para conocer su opinión y la respuesta que les dieron es que “no se oponen” pero quieren que se establezca una ordenanza similar a la de Posadas, donde se requiere que los vehículos y conductores cumplan una serie de requisitos y obligaciones para circular.

La iniciativa presentada en el Concejo Deliberante solicita “la incorporación del sistema privado a través de aplicaciones móviles, como ser Uber, Lyft, Cabify, Didi u otros” con el propósito de “modernizar y ampliar el sistema de transporte dentro de las normativas municipales de la ciudad de Oberá”.

“Esto permite adaptar el transporte a los avances tecnológicos, ofreciendo soluciones modernas y accesibles para los desplazamientos urbanos e interurbanos”, expresa la iniciativa.

“Al regular este tipo de servicio, se promueve la competencia y se amplía la oferta de movilidad, brindando a los usuarios más opciones y promoviendo un mercado dinámico. Además, estos servicios pueden complementar el transporte existente, contribuyendo a una movilidad más eficiente y sostenible”, agrega el proyecto.

Se establece que “los adjudicatarios que operen exclusivamente mediante aplicaciones móviles para la prestación del servicio de transporte privado, deberán abonar un permiso de explotación”, cuyo monto anual definirá el Ejecutivo. Además, “el adjudicatario deberá ser titular del vehículo con el que brindará el servicio. Solo podrán ser adjudicatarios las personas humanas. No obstante, si el adjudicatario propietario del vehículo autoriza a terceras personas a conducir, éstas deberán estar debidamente habilitadas por el primero, cumplimentando todos los requisitos exigibles para los conductores”.

Se exige a los propietarios acreditar titularidad del vehículo, abonar la inscripción al servicio de explotación, mantener el vehículo en perfecto estado de funcionamiento; certificado de desinfección; contar con póliza de seguro para vehículos intervinientes en un Servicio Convenido por Intermedio de una Plataforma Tecnológica; y un elemento identificatorio de transporte privado.

Los conductores deben tener licencia nacional de conducir de categoría profesional, habilitación del vehículo por medio del permiso de explotación, póliza de seguro al día, libreta sanitaria; y constancia de antecedentes penales expedida por la Policía de Misiones.

Además, como requisito también: contar con habilitación comercial de la Municipalidad; limitar la asignación de viajes exclusivamente a vehículos y conductores registrados; suministrar información veraz, necesaria y oportuna para conocer la identidad de los conductores, sus datos personales y los recorridos realizados por cada vehículo, así como los montos cobrados; informar de manera inmediata a la autoridad de aplicación cualquier cambio en los datos de los vehículos afectados, adjudicatarios o de los conductores autorizados para su manejo; y mantener un registro virtual de quejas.

El proyecto de ordenanza permite a los prestadores y vehículos habilitados para el servicio de taxi o remís hacer uso de esta modalidad.

Habilitado en Posadas

El Concejo Deliberante de Posadas aprobó meses atrás una ordenanza para regular el transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas.

Para que los conductores puedan trabajar con las plataformas virtuales en materia de transporte de personas “se solicita el carnet categoría D1, el seguro para el transportado, que el auto y el carnet sean del municipio, antecedentes penales provinciales”, entre otros requisitos.

La antigüedad máxima del auto será de seis años. Y se exige una póliza que proteja en todo momento a los usuarios una vez que se utiliza la plataforma de transporte.

Desde la Municipalidad aseguraron un control riguroso “para que los usuarios puedan viajar de forma segura”, teniendo en cuenta que hubo un fuerte rechazo de parte de las asociaciones de taxistas por considerar que era una competencia desleal para su actividad. Por la presión de los taxis, el Concejo adaptó varios proyectos de ordenanza y endureció las exigencias para los conductores, de manera de igualar las condiciones y las obligaciones.

El presidente del Concejo Deliberante, Jair Dib, indicó que “lo más importante acá es la seguridad. A partir de estas implementaciones consensuadas, el usuario va a viajar seguro, tranquilo, porque va a haber un municipio que va a regular ese viaje”.

 

Tags: Concejo Deliberante de OberáTaxisUber
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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