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Alertan sobre “tsunami de juicios” contra Argentina

El influyente diario Financial Times se refirió a las demandas que tiene el país ante tribunales internacionales, que podría costarle miles de millones de dólares.

5 noviembre, 2024

El influyente diario británico Financial Times advirtió sobre el “tsunami de juicios” ante tribunales internacionales que afronta la Argentina.

Recordó que se trata de demandas por miles de millones de dólares producto de decisiones tomadas durante el kirchnerismo. Y advirtió que podrían complicar el programa que puso en marcha el presidente Javier Milei.

“Demandas por decisiones tomadas por gobiernos anteriores, desde expropiaciones hasta cambios en los pagos de bonos, están avanzando en tribunales de Estados Unidos y Europa, y los demandantes están presionando al gobierno para que negocie“, señaló el periódico.

Dijo que mientras Javier Milei dice que pagará las obligaciones, a puertas cerradas “los funcionarios advierten que el gobierno luchará hasta el final para reducirlas y proteger los escasos recursos de Argentina”.

El medio hizo referencia a un posteo que realizó Sebastián Maril, CEO de la consultora Latam Advisors. El experto en los litigios que enfrenta el país estima que las indemnizaciones en los casos en curso contra Argentina podrían ascender a US$ 31.000 millones sin intereses.

Pero señaló que “fuentes gubernamentales argumentaron que la cifra era altamente especulativa, ya que incluye más de 12.000 millones de dólares en indemnizaciones estimadas por reclamos sobre los cuales los jueces aún no se han pronunciado”.

La sentencia más grande es la de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF, un juicio en el que la Argentina fue condenada por la jueza Loretta Preska por mala praxis expropiatoria por la estatización en la que avanzó en 2012 el Gobierno de Cristina Kirchner.

Ese fallo de primera instancia fue apelado y se analiza en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

“También se están acumulando silenciosamente otras reclamaciones. El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido se negó a escuchar la apelación de Argentina a una sentencia de 1.500 millones de dólares por cambios en la forma en que el país calcula el PIB, que redujeron los pagos de sus bonos vinculados al crecimiento”, indicó.

Advirtió que el gobierno tiene hasta el 28 de noviembre para pagar a los tenedores de bonos o enfrentar una acción de ejecución.

Recordó además que en agosto, “un tribunal estadounidense se negó a anular un laudo arbitral de 340 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas por parte del gobierno argentino en 2008″.

Y señaló que “otro tribunal estadounidense dictaminó que un grupo de acreedores que no pagaron sus deudas en el default soberano de Argentina en 2001 puede recuperar tres cuartas partes de un laudo arbitral anterior de US$ 417 millones mediante la incautación de algunos fondos argentinos depositados en Estados Unidos”.

En el artículo se menciona que la Argentina no tiene dinero para pagar las sentencias. De hecho, resaltan que el Banco Central tiene recetas “insignificantes de divisas” y enfrenta dudas sobre cómo hará para pagar más de US$ 14.000 millones en deuda soberana y prestamistas multilaterales que vencen en 2025.

Si bien señala que los demandantes esperan localizar activos argentinos que puedan ser embargados en caso de que no haya una negociación para que el país pueda cumplir con los juicios perdidos, Financial Times sostiene que “para los expertos será difícil, ya que los pocos activos que se encuentran en el exterior, como propiedades diplomáticas o activos del Banco Central, están protegidos contra embargos en la mayoría de las jurisdicciones”.

Fuente: agencia Noticias Argentinas

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Tags: Financial TimesJavier Mileijuicios contra Argentina
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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