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El Gobierno detectó “inconsistencias alarmantes” en pensiones por invalidez

A través de un decreto, estableció limitaciones luego de constatar que muchos beneficiarios no residen en el lugar declarado y tampoco cumplen con los requisitos establecidos.

23 septiembre, 2024

El Gobierno oficializó las nuevas condiciones para acceder a una pensión para invalidez. Mediante esto, se avanzará en una auditoría a fondo en todos los beneficiarios tras encontrarse con “inconsistencias alarmantes” entre los registrados.

De acuerdo a los datos del equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en un relevamiento inicial de poco más de 10 mil pensiones, en la región metropolitana se detectó que entre más de 330.00 beneficiarios muchos no residen en el domicilio declarado y tampoco cumplirían con los requisitos para acceder a la prestación.

Según consta en el decreto 843/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, “la pensión no contributiva por invalidez laboral se encuentra sujeta a revisión y/o auditoría médica y socioeconómica, y podrá pedirse su revalidación según lo determine la Autoridad competente”.

Con el objetivo de hacer llegar los fondos a los sectores pertinentes de asistencia estatal, teniendo en cuenta la intención del equilibrio fiscal y las inconsistencias encontradas, el Gobierno estableció que “resulta necesario restablecer los requisitos de encontrarse incapacitado en forma total y permanente y de no poseer un vínculo laboral formal ni estar inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente para poder acceder a la correspondiente pensión”.

El director ejecutivo de Andis, Diego Spagnuolo, ya había adelantado que la intención es avanzar en una auditoría sobre el total de los beneficiarios, a los cuales se citará para constatar y evaluar su estado médico, así como socioeconómico, para la continuidad de las pensiones.

 

Los requisitos 

Incapacidad Total y Permanente: Se presume que es total cuando la invalidez disminuye la capacidad laboral en un 66% o más. Esto debe ser respaldado por un Certificado Médico Oficial (CMO), que detalle la patología, grado de incapacidad y contexto socioeconómico del solicitante, firmado por un médico de un establecimiento sanitario oficial o de la Andis.

Vínculo Laboral: No debe existir un vínculo laboral formal ni estar inscripto en el Régimen General o Simplificado vigente.

Identidad y Nacionalidad: El solicitante debe acreditar su identidad, edad y nacionalidad mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Residencia: Debe ser argentino nativo o naturalizado con al menos tres años de residencia continua en el país antes de solicitar el beneficio.

Los extranjeros deben tener una residencia mínima continua de 10 años en Argentina, comprobada con el DNI para extranjeros. Para solicitantes menores de edad, se requiere que sus padres o tutores hayan residido en el país durante tres años.

Régimen de Previsión: No estar amparado por un régimen de previsión, retiro permanente o pensión contributiva o no contributiva.

Sustento Económico:

No tener parientes obligados legalmente a proporcionar alimentos o que, aún teniéndolos, no puedan hacerlo.

No poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes para su subsistencia; la Andis evaluará el cumplimiento de este requisito mediante criterios socioeconómicos.

Situación Legal: No estar detenido en establecimientos penitenciarios ni a disposición de la Justicia.

requisitos pensiones

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Tags: Agencia Nacional de DiscapacidadANDisPensiones no ContributivasPensiones por invalidez
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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