El juez de Instrucción de esta localidad, Leonardo Manuel Balanda Gómez, firmó la prisión preventiva para una joven que fue detenida tras ser acusada de transferirse $1,5 millones de la cuenta bancaria de su jefa, señalaron fuentes judiciales.
La sospechosa, que se desempeña como empleada doméstica en la casa de la damnificada, de 76 años y domiciliada en Garuhapé, fue beneficiada en las últimas horas con la modalidad domiciliaria (tras permanecer casi dos meses en un calabozo), teniendo en cuenta que tiene a su cargo una hija menor.
No obstante, se encuentra imputada en forma preventiva por el delito de “estafa electrónica”, agregó la misma fuente.
El caso se remonta al martes 4 de junio, cuando la patrona de la implicada alertó a la comisaría local luego de percatarse de la maniobra y apuntó sus sospechas contra su empleada doméstica. Por este motivo, los efectivos llevaron a cabo las investigaciones logrando obtener los datos de la cuenta donde fue depositado el dinero y más tarde, con la orden del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, realizaron un allanamiento en la vivienda en el barrio Iprodha de esa misma ciudad.
En dicho procedimiento arrestaron a la empleada, quien por disposición de la Justicia, fue notificada de la causa penal. Además, le incautaron el teléfono celular, el cual fue peritado por la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones. En base a las primeras sospechas se cree que hizo casi una veintena de transferencias, abusando de la confianza de su empleadora.
Su versión de los hechos
Cuando fue indagada por el mencionado juez, la joven negó las acusaciones en su contra y habría afirmado que su patrona le solicitaba dinero en efectivo y entonces ella le entregaba dinero en mano, tras lo cual la jubilada le devolvía los montos que le pidió transfiriéndole a su cuenta, según confiaron los voceros.
El magistrado no le creyó esta versión e igualmente la imputó y siguió detenida hasta que se resolvió un pedido de su defensa para excarcelarla, debido a que tiene una hija a su cargo.
En ese sentido se supo que el juez Leonardo Manuel Balanda Gómez y el fiscal Jorge Francisco Fernández tuvieron en cuenta en este causa en particular la perspectiva de género y el interés superior del niño, ya que la ley establece que el rango de edad de un hijo, para que justifique que le puedan otorgar domiciliaria a un detenido que está a su cargo, es hasta 4 años (la imputada tiene una hija de 5), según explicaron las fuentes.
Es decir que tras analizar minuciosamente las circunstancias y el contexto de la situación se hizo una excepción de la norma para favorecer en este caso al menor, quien de acuerdo a informes de médicos y psicólogos se hallaba mal de salud por la angustia de no tener a su madre presente, pese a que estaba en guarda y cuidado de su abuela. El niño presentaba estrés y un cuadro de ansiedad que ponían en riesgo su salud mental, afirmaron las fuentes.
Por ello desde la Justicia se decidió morigerar la pena de su progenitora, en este caso otorgando la prisión preventiva con modalidad domiciliaria.
