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Servicios Urbanos proveerá 70 mil tarjetas QR a US$ 5 cada una

La Provincia asume el costo y la empresa SUSA se encargará de repartir en los municipios donde opera el Sistema Integrado de Transporte. Será destinado a mayores de 70, discapacitados, menores de 12 años o quienes tengan dificultades para pagar con celular.

11 junio, 2024
Los pasajeros denuncian que los choferes exigen que se les pague en efectivo, a pesar de que el problema es de la empresa SUSA.

Los pasajeros denuncian que los choferes exigen que se les pague en efectivo, a pesar de que el problema es de la empresa SUSA.

El Gobierno provincial contrató, en forma directa, la provisión de 70 mil tarjetas QR estático de parte de la empresa Servicios Urbanos SA por la suma de 5 dólares cada una, a precio actualizado, para ser distribuidas entre los usuarios del transporte público de pasajeros del Sistema Integrado: Posadas, Garupá, Candelaria, Oberá y otros municipios de la zona centro.

El convenio fue publicado el jueves 6 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia mediante decreto 739 del 23 de abril; y establece que serán emitidas “a los beneficiarios de alguna gratuidad y/o los que determine el Ministerio que posean dificultades para realizar el pago del boleto en el transporte colectivo de pasajeros mediante QR dinámico vía celular”.

La cláusula segunda del convenio establece que Servicios Urbanos, representada por Enrique Díaz Esmendi, “hará las entregas de las tarjetas QR estáticos a los municipios integrantes del Sistema Integrado de Transporte previa a autorización del Ministerio en un plazo no mayor a 3 días hábiles desde la autorización”. Por otra parte, el Ministerio se compromete al pago de cada tarjeta QR estático efectivamente remitida.

El plazo de duración del convenio es de 6 meses, a contarse desde el día de suscripción de dicho instrumento o una vez emitidas las 70.000 tarjetas, lo que ocurra primero. El convenio tiene fecha del 3 de enero de 2024.

La cláusula quinta establece una posibilidad de prórroga y de solventar la emisión de otras 70.000 tarjetas en caso de que se agoten y subsista la necesidad entre los beneficiarios que gozan de alguna gratuidad: mayores de 70 años, discapacitados, menores de 12 años, excombatientes, entre otros, o los que determine el Ministerio el acceso a su primera tarjeta QR estático de manera gratuita.

 

Según se especifica en el documento, este convenio es consecuencia del Acta Acuerdo ratificado por decreto 11/60 del 20 de julio de 2022, donde el Gobierno y las empresas acordaron destinar fondos que mensualmente perciben por el Sistema Integrado hacia la empresa SUSA “para la total renovación tecnológica del actual sistema SUBE Misionero, a los fines que la misma pueda dar cabal cumplimiento de sus responsabilidades y finalidades”.

El convenio agrega que “mediante la mencionada acta acuerdo (del año 2022), Servicios Urbanos se comprometió a la renovación tecnológica del ya obsoleto sistema de percepción tarifaria del Sistema de Transporte Urbano y Metropolitano SUBE Misionero, de modo tal de posibilitar el fiel cumplimiento de sus misiones y responsabilidades de contabilizar y registrar la totalidad de los viajes efectuados”.

También argumenta que de esta manera se podrá “registrar a las personas usuarias en los sistemas, realizar el control de cantidades de usuarios que viajan para informar a las autoridades y a las empresas por sus acreencias, proveyendo datos e información indubitable que posibiliten la absoluta eficacia en las tareas estatales de fiscalización y planificación del transporte público, así como la transparencia y trazabilidad de las compensaciones y subsidios asignados por el Estado, sean gratuidades y/o franquicias tarifarias asegurando el pertinente seguimiento y control del destino de los fondos públicos”.

Se argumenta, a la vez, que “entre los desarrollos realizados por parte de Servicios Urbanos, el del QR estático surgió como una necesidad urgente para atender la situación del grupo de usuarios más vulnerables, como ser personas con capacidades diferentes, adultos mayores, menores de edad, personas que no cuentan con teléfono móvil, entre otros”.

Y se detalla que “Servicios Urbanos se ha comprometido a suministrar las tarjetas del QR estático, asumiendo la Provincia el costo que insume la emisión de las mismas a los usuarios”.

Tags: ProvinciaQRServicios UrbanosSUSA
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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