El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto 465/24 que dispuso la reestructuración de todo el esquema de subsidios a la energía eléctrica y el gas natural, al tiempo que establece un período de transición de seis meses a partir del 1° de junio, con la posibilidad de prorrogarlo, para luego focalizar las asistencias a la demanda.
La medida implica llevar a cabo a partir de diciembre de este año -o junio de 2025, si se establece la prórroga- la implementación de la Canasta Básica de Energía (CBE), anunciada en enero por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, considerado el autor intelectual del decreto, más allá de que lleve la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
A tal fin, en el decreto se dispone “invitar” a los usuarios residenciales a “reempadronarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión”.
La decisión oficial se da a conocer sobre el final de mayo, un mes en el que se suspendieron los incrementos tarifarios en los servicios públicos en atención a su impacto en la inflación. Pero esa medida disparó los gastos en subsidios energéticos, que de $239.904 millones en marzo treparon a $877.453 millones en abril.
Los nuevos valores
Si bien la norma no especifica nuevos valores tarifarios, apunta una vez superada la transición a terminar con el esquema de segmentación de los usuarios en tres niveles fijado en junio de 2022 y, aunque mantiene los criterios de protección a los sectores más vulnerables, critica que no se hayan establecido topes al consumo del segmento N2.
En el artículo 1° se determina la reestructuración de todos los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, en el marco de “una transición gradual, ordenada y previsible” hacia un esquema con tres ejes principales:
Trasladar a los usuarios los costos reales de la energía.
Promover la eficiencia energética.
Asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado.
En el artículo 2° se establece un “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados” desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre, que podrá ser prorrogado por única vez por otros seis meses.
El fin de los ajustes por el Coeficiente de Variación Salarial
Asimismo, se dejan sin efecto los ajustes tarifarios como porcentaje del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) fijados en el decreto 332/22. El decreto critica la coexistencia de “regímenes híbridos” de subsidios que no establecen una correcta discriminación entre quienes los necesitan y los que cuentan con recursos para pagar la tarifa plena, por lo que considera “conveniente iniciar la transición hacia un esquema de subsidios focalizados”.
“Los regímenes de subsidios generalizados no distinguen entre usuarios residenciales y comerciales, y beneficiar a quienes no necesitan tal apoyo en perjuicio de los más vulnerables, además de fomentar un consumo ineficiente y de dilapidar los recursos naturales y económicos del Estado nacional con emisión monetaria”, agrega.
Por tal razón, promueve los subsidios focalizados, por entender que “buscan garantizar el acceso al consumo indispensable solo a aquellos hogares que realmente lo requieran y lo necesiten”.
En los hechos, el decreto 465 representa el fin de la política de subsidios que, con diferentes criterios y superposiciones, viene aplicándose desde mediados de 2002, cuando la caída del régimen de Convertibilidad llevó al Gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde a renegociar los contratos con las prestadoras de servicios públicos, que hasta entonces contaban con tarifas dolarizadas.
Al respecto, el decreto enumera la serie de erogaciones del Estado nacional que tuvieron que realizarse desde entonces y señala que las medidas tomadas por las sucesivas administraciones “se caracterizaron por la ausencia de esquemas tarifarios que brindaran señales para un consumo eficiente y racional de la energía para los distintos segmentos y tipos de usuarios”.
“El congelamiento de las tarifas y la interrupción o la falta de terminación de las revisiones tarifarias llevaron, en primer lugar, a que la tarifa no reflejase el costo del suministro; en segundo lugar, a que las concesionarias y licenciatarias dejaran de hacer inversiones obligatorias, lo cual atenta contra la vida útil de los activos y, en tercer lugar, al crecimiento de la demanda de energía sin que se fomentara su uso responsable”, se indicó en los considerandos del decreto.
Criticas a la segmentación
En una crítica al decreto 332/22 (que estableció el esquema de segmentación de usuarios en N1 N2 y N3), sostuvo que “ha llevado a que los precios mayoristas de energía no cubran los costos de abastecimiento, con lo cual el sector energético argentino ha requerido aportes crecientes del Tesoro Nacional para mantenerse, con erogaciones superiores a los US$ 5.000 millones anuales en promedio durante los últimos 20 años”, es decir US$ 100.000 millones.
“Semejante carga para el Estado nacional ha sido consecuencia de un modelo de subsidios generalizados, que respondió a un modelo energético basado sobre precios y tarifas deprimidas, que no reflejaron el costo del abastecimiento mayorista ni el valor agregado de distribución”, se precisó en el decreto.
Además, señaló que las transferencias del Tesoro a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) “solo para el año 2023” superaron la suma de $1,4 billón, “con tendencia creciente debido al agravamiento de la cobranza a los distribuidores”.
Una familia destina $118.00 por mes
Las familias que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitaron más de 118.000 pesos en mayo para poder pagar las tarifas de una canasta de servicios públicos que incluye el gas, la luz, el agua y el transporte, ítem que más aumentó. Este costo significa un 15,6 por ciento de aumento respecto a abril. Los costos son sin subsidio.
Así lo reveló un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el CONICET. El análisis calculó que la canasta de servicios públicos para un hogar promedio del AMBA fue de 118.825 pesos, sin subsidios, durante el quinto mes del año. El valor de la canasta creció un 15,6 por ciento respecto al gasto de 102.779 pesos de abril.
El aumento, que incluye la cobertura de las necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, “se explica, principalmente, por mayores consumos de gas natural y energía eléctrica”, precisó el reporte.
