La fuerte polémica sobre los 5 millones de kilos de alimentos guardados en depósitos y no entregados a los sectores vulnerables, abrió un nuevo frente de lucha para el Gobierno nacional. La Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, y la Justicia Federal solicitaron que se entreguen los alimentos, y organizaciones se unificaron para que se garantice el derecho a la alimentación. Mientras, Nación apunta que se guardó la comida para que no se la roben intermediarios.
En ese marco, lunes la calle Rivadavia, entre La Rioja y Entre Ríos, en la capital provincial, se encuentra cortada por una protesta frente a Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), donde también funciona el Centro de Economía Popular, en reclamo de alimentos para comedores y merenderos.
La movilización fue realizada por el recientemente creado Encuentro de la Resistencia, integrado por la Mesa de la Cultura, el Movimiento Evita Misiones, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), el Espacio Chacabuco, la CTA-A, el Frente Patria, Libres del Sur; el FOL, el Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Octubre, Nuestra América Rural, el Movimiento Popular la Dignidad; el MTE, Corriente Nuestra Patria, CTD Aníbal Verón, Red de Salud Mental; Universitarios, Afrodescendientes y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros.
Martín Sereno, referente de la Utep y del Movimiento Evita Misiones apuntó a PRIMERA EDICIÓN que “hace seis meses llegaban a Misiones 600 mil kilos de alimentos mensuales los cuales cubrían la provincia, las iglesias, los entes deportivos, los comedores populares, y no ha llegado un kilo desde que asumieron Milei y Petovello”.
El ex diputado provincial pidió a los funcionarios de Nación “que entreguen los alimentos”, ya que es un reclamo “de todas la organizaciones, hasta la Iglesia reclamó al Gobierno. No hay dudas de que el hambre ya no puede esperar más”, aseguró.
En un comunicado, el ER también criticó que el Gobierno nacional tiene 5 millones de kilos de alimentos guardados en depósito pero les niega a los comedores y merenderos populares.
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Entre otros reclamos, también se promulgaron en contra de Ley Bases porque “compromete los destinos del país”, destacando que “aumentaron los índices de pobreza al 56% y de indigencia al 15%, donde 7 de cada 10 menores de 16 años fueron empujados debajo de la línea de la pobreza”.
A su vez, apoyaron los reclamos salariales en Misiones que realizan docentes, policías y trabajadores de salud, y solicitaron al Gobierno provincial que arbitre todas las medidas que sean necesarias para “brindar una respuesta favorable a los justos reclamos salariales para el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, y el retorno a la tranquilidad en nuestra convulsionada tierra colorada”.
Alimentos guardados, comedores fantasmas y otros matices
El jueves pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió la situación de los cinco millones de kilos de alimentos guardados en dos depósitos, que hicieron llover críticas al Gobierno.
“Efectivamente esos alimentos existen”, dijo Adorni. “Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque según las auditorías un buen porcentaje de los comedores no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, justificó el funcionario. “Por supuesto que se van a repartir, es una obviedad y van a llegar a la gente que le tiene que llegar”, aseguró sin dar precisiones sobre el proceso de entregas.
“No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión, rápidamente tienen que ser entregados”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea. En su reclamo, el obispo apeló a “la sensibilidad del pan que puede faltar en otras mesas“, en un país con más de la mitad de su población de 47 millones de habitantes en la pobreza.
Recientemente, en una exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, adelantó resultados de la auditoría que aún no se divulgó y que según dijo arrojó que “casi el 50% de los comedores no existían”. Según las organizaciones existen unos 45.000 comedores comunitarios en todo el país, pero una cantidad no precisada dejó de funcionar al interrumpirse en diciembre la provisión que recibían del Estado, en tanto otros lo hacen merced a donaciones privadas.
Por su parte, el secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, dijo que esos alimentos están almacenados para “emergencias, es un stock de reserva”. “Son alimentos no perecederos y que según las necesidades que nos van mandando las distintas provincias, nosotros asistimos. Porque en emergencias uno tiene que tener un stock. No es lo mismo salir a comprar con tiempo, con licitaciones, que también lo hemos hecho para justamente tener un stock siempre de alimentos ante las emergencias y catástrofes”, argumentó.
