Los misioneros saben desde hace muchos meses lo que significa un brote de dengue. A pesar que las autoridades sanitarias que asumieron en diciembre no se animaban a hablar de brote y buscaron las mil formas de no admitirlo, la cantidad de muertes y de casos confirmados (muchos otros sin registro) superaron cualquier previsión.
Luego, a los pocos días de asumir el gobernador Hugo Passalacqua, la decisión pasó a ser lo contrario. A tal punto que los partes de defunción de los hospitales fueron compartidos en las redes sociales y medios públicos como periodísticos, para que todos sepan los datos.
A nivel nacional, se mantiene una estructura como Ministerio de Salud, pero con una mirada propia del Gobierno de La Libertad Avanza: de no intervención.
Pasó que, el brote misionero y en algunas pocas provincias, se terminó convirtiendo en la peor epidemia de dengue, que sumó hasta 150.000 casos confirmados y más de un centenar de muertos.
Recién cuando estas cifras son visibles, el ministro Mario Russo convocó para este lunes a la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), integrado por los titulares de esa cartera en las 24 jurisdicciones del país. Recién ahora.
La gran duda que surge en estos contextos, es ¿qué puede aportar el Estado nacional con la idea de no intervenir y que cada provincia haga lo que pueda? Incluso cuando la Casa Rosada se niega a comprar vacunas contra el dengue para las provincias donde más enfermos se registraron.
A pesar de los pronósticos de un período de baja de casos a partir de abril, el alerta se debe sostener cuando las temperaturas y las lluvias son poco habituales para este inicio del otoño, que podrían aportar a la proliferación de Aedes y, por ende, de la enfermedad.
