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A 20 años del secuestro de Cristian Schaerer: los investigadores aún buscan sus restos

El rapto del joven correntino fue perpetrado el 21 de septiembre de 2003. "Desde la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos y la Fiscalía Federal de Corrientes resaltaron que "vamos a seguir investigando el caso y realizando medidas hasta encontrar a Cristian".

21 septiembre, 2023

A 20 años del secuestro Cristian Schaerer, el estudiante correntino de 21 años que se presume fue asesinado durante su cautiverio, las fiscalías Antisecuestros y de Corrientes que trabajan el caso continúan investigandio a partir de diversas pistas con la esperanza de poder encontrar los restos nunca hallados de la víctima, y aguardan que los dos cabecillas de la banda de secuestradores detenidos en 2017 en Portugal sean extraditados, para ser juzgados por el caso.

Desde la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), que dirige el fiscal federal Santiago Marquevich, aseguraron, al cumplirse 20 años del hecho, que este fue uno de los casos más importantes de las últimas dos décadas en la Argentina, que los 12 autores y partícipes del hecho fueron detenidos y que las condenas dictadas fueron confirmadas hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Desde la Ufese y la Fiscalía Federal de Corrientes vamos a seguir investigando el caso y realizando medidas hasta encontrar a Cristian”, dijo a Télam el fiscal Marquevich, quien además tiene la esperanza de que alguna vez se quiebre el “pacto de silencio” de los integrantes de la banda.

El excomisario de la Policía de Corrientes Tránsito Ramírez, que participó de la investigación desde la misma noche en que se lo llevaron al estudiante universitario de la puerta de su casa, dijo a Télam que tras 20 años “resulta decepcionante y frustrante que no se lo haya encontrado”.

 

Una investigación que sigue vigente

“La investigación sigue vigente, activa, porque todavía no se lo encontró. Es una deuda pendiente que se tiene con la familia”, remarcó el exoficial quien pese a su retiro, luego fue contratado por la fiscalía para trabajar cuatro años más en la pesquisa.

Ramírez, que 20 años atrás se desempeñaba como comisario mayor en la División Metropolitana de la policía correntina, recordó que llegaron a la casa de Cristian, alertados por la llamada de un vecino “que vio cómo se lo llevaban y fue apuntado con un arma por uno de los secuestradores, que le ordenó que ingrese a su vivienda”.

“Era una organización con un sistema de células con líderes, roles y alfiles“, precisó y destacó que la mayoría de sus integrantes “fueron puestos a disposición de la Justicia y condenados”, pero que “nunca pudo resolverse lo más importante: la aparición de Cristian, a pesar de que cobraron el rescate”.

Las expectativas están puestas en lo que suceda a futuro con José Rodolfo “El Ruso” Lohrmann (58) y José Horacio “Potrillo” Maidana (62), los dos jefes de la organización criminal que capturó a Schaerer y que, tras permanecer 14 años fugitivos de la justicia argentina, fueron detenidos en 2017 en Portugal como integrantes de una banda de ladrones de bancos.

La justicia portuguesa los condenó a 18 años de prisión por haber cometido entre 2014 y 2016 cuatro atracos a bancos en las ciudades lusas de Odivelas y Cascais, en los que se llevaron 235.000 euros, y por cinco robos de automotores.

Lohrmann y Maidana cumplen sus condenas en la prisión de Monsanto y tienen un pedido de extradición formalizado por los canales diplomáticos desde el juzgado federal de Corrientes, pero deben comparecer también ante tribunales de Bulgaria, República Checa y España por otros robos cometidos en esos países europeos.

El propio Lohrmann también pidió en 2020 ser extraditado a la Argentina para cumplir acá todas las condenas que se le acumulen.

En 2018, ambos fueron indagados en una cárcel portuguesa en el marco de la causa Schaerer por el entonces juez federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila -hoy preso y condenado por cobrarle coimas a narcos-, y los fiscales federales Marquevich y Flavio Ferrini, quienes luego los dejaron procesados como coautores de un “secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate y por la intervención de más de tres personas”.

Declararon durante varias horas, pero nunca dijeron dónde están los restos de Schaerer, la obsesión de los investigadores históricos del caso.

 

Testigo de identidad reservada

En 2019, una pista llevó la investigación a Brasil, ya que un canoero de la zona de la ciudad de Uruguayana, clasificado como testigo de identidad reservada, ubicó en un arroyo llamado Imboa el sitio del supuesto destino final de Cristian, pero tras el drenaje de un sector del curso del agua, el resultado fue negativo y solo se halló el cabo de una pala, trozos de una bolsa de polipropileno y algunos huesos que luego se determinó eran de origen animal.

Una de las hipótesis con la que concluyó este trabajo fue que por el lastre de la corriente en el arroyo Imboa, donde el agua produce un influjo de entrada y salida, los restos del joven fueron arrastrado al río Uruguay.

En marzo pasado y a partir de la declaración de otro testigo, la Justicia de Paraguay también buscó los restos del estudiante correntino en un descampado rural de San Pedro de Paraná, en el departamento de Itapuá, pero el resultado también fue negativo.

 

Recompesa para quien aporte datos

El Ministerio de Seguridad nacional mantiene vigente una recompensa de 3.000.000 de pesos para quien pueda aportar datos sobre el paradero del joven correntino.

El secuestro de Schaerer fue perpetrado la noche del 21 de septiembre de 2003 cuando descendía de su Mercedes Benz para abrir el portón del garaje de su casa del barrio Las Tejas, a 15 cuadras del microcentro correntino.

Los secuestradores lo mantuvieron oculto en varios lugares: la localidad de Saladas, a 100 kilómetros de la capital provincial; la ciudad correntina de Paso de los Libres y la brasileña Uruguayana.

Dos meses después de su captura, Pompeya Gómez, madre de Cristian, pagó un rescate de 277.300 dólares en Ciudad del Este (Paraguay), pero el joven, hijo de Juan Pedro Schaerer -un exfuncionario correntino que por causas penales pendientes reside en Paraguay-, nunca fue liberado.

En tanto, por el caso ya se llevaron a cabo dos juicios orales en los que se condenaron a 12 personas. Entre fines de 2006 y principios de 2007, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 25 años de prisión al abogado Pedro Ángel Barbieri y a Néstor Horacio Barczuk, y a una secretaria del profesional, Judith Alvarenga, a 8 años.

El 28 de agosto de 2009, el mismo tribunal condenó a Raúl “Caniche” Salgán y Cristian Carro Córdoba a 25 años de prisión, a Gonzalo Adrián “Paragüita” Acosta a 16 y Claudio Cornelli Belén a 12; mientras que otros cinco integrantes de la banda fueron absueltos.

Sin embargo, en 2013, la Cámara Federal de Casación Penal impuso 17 años de prisión para los hijos de Caniche Salgán, Sergio Gustavo y Oscar Antonio Salgán; y a María Esther Sudo; en tanto que para un hijo de ella, Jorge Gabriel Sudo, dictaron una sentencia a 11 años y para el policía Miguel Ángel Ramírez, de 18.

 

Fuente: Agencia de Noticias Télam 

Tags: Christian SchaererCorrientesEstudiantesecuestro
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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